Sábado, 21 de noviembre de 2026
TENDENCIA: Fuerte temblor de magnitud 6,9…

Reconstrucción tras el terremoto en Colombia: Cali, Pereira y Chocó siguen enfrentando dificultades tres meses después

11 de noviembre de 2026
Somos Caquetá · Noticias en audioEscucha este artículo
Voz gratuita del navegador · Español ⓘ
0:00/0:00
Se prioriza Google español de Estados Unidos (es-US), si está disponible.

A tres meses del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el 10 de agosto, las autoridades reportan avances en obras y entrega de ayudas. Sin embargo, miles de familias continúan enfrentando dificultades para recuperar sus viviendas, acceder a subsidios y restablecer sus condiciones de vida.

El proceso de reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 continúa avanzando de manera desigual. Mientras en ciudades como Cali se adelantan demoliciones y entregas de recursos, en Pereira y varios municipios del Chocó persisten denuncias por retrasos en subsidios, dificultades económicas y necesidades de vivienda.

El balance, conocido al cumplirse tres meses de la emergencia, evidencia que la recuperación representa un desafío que podría prolongarse durante varios años.

De acuerdo con el Plan de Acción Específico para la Recuperación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto dejó más de 778.000 personas afectadas en 16 departamentos.

La entidad calcula que los programas de recuperación requieren una inversión aproximada de 58,29 billones de pesos, de los cuales se habían identificado inicialmente fuentes de financiación por 8,21 billones.

La Defensoría del Pueblo advirtió que todavía existen obstáculos para garantizar derechos fundamentales a las comunidades damnificadas.

Cali avanza en ayudas económicas y demolición de edificios

En la capital del Valle del Cauca, las autoridades reportaron progresos en la atención de las familias afectadas y en la evaluación de las edificaciones que sufrieron daños.

El alcalde Alejandro Eder informó que cerca de 21.000 hogares incluidos en el Registro Único de Damnificados comenzaron a recibir, desde el 3 de noviembre, ayudas pendientes de la UNGRD por aproximadamente 36.700 millones de pesos.

Sin embargo, para la fecha del reporte todavía se esperaba un tercer desembolso de recursos nacionales.

La ciudad también enfrenta un proceso complejo de demolición de estructuras que representan riesgos para sus habitantes.

De acuerdo con el balance divulgado por la Alcaldía y recogido por CW+, se evaluaron 9.404 inmuebles, de los cuales 2.048 fueron clasificados como inseguros.

El Consejo Distrital de Gestión del Riesgo aprobó la demolición de 85 edificaciones. Al 10 de noviembre, 20 ya habían sido derribadas o se encontraban en proceso de intervención.

La administración explicó que la construcción de nuevos edificios puede requerir entre 18 y 24 meses, una vez concluidos los diseños y permisos correspondientes.

Valle del Cauca proyecta miles de viviendas nuevas

En el departamento del Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro informó que más de 105.000 familias resultaron afectadas.

El programa de vivienda contempla aproximadamente un billón de pesos para construir 5.400 unidades nuevas y realizar 33.000 mejoramientos.

Según el balance presentado por la mandataria, estaban en ejecución 2.219 viviendas nuevas y 9.238 mejoramientos, de los cuales 500 habían concluido.

También anunció medidas de recuperación económica para pequeños negocios, incluyendo una convocatoria de créditos condonables.

En el sector educativo, la situación continúa siendo especialmente preocupante.

La gobernadora reportó 512 sedes educativas completamente colapsadas y alrededor de 15.000 estudiantes que reciben clases en instalaciones temporales.

Las autoridades departamentales y el sector privado anunciaron su participación en la reconstrucción de instituciones educativas, aunque los proyectos todavía requieren financiación y ejecución.

Chocó enfrenta una reconstrucción limitada por los recursos

El Chocó, departamento donde se localizó el epicentro del terremoto, continúa siendo uno de los territorios con mayores necesidades de recuperación.

Según el balance regional recogido por CW+, se reportaron afectaciones en 30 de sus 32 municipios.

El mismo reporte contabilizó más de 45.000 damnificados, aproximadamente 3.200 viviendas destruidas y más de 19.000 averiadas.

En Quibdó, el alcalde Rafael Bolaños estimó que la recuperación de la ciudad podría requerir alrededor de cuatro billones de pesos.

Mientras tanto, en Istmina, el alcalde Jaison Mosquera manifestó que la reconstrucción todavía no se refleja en intervenciones suficientes y que parte del retiro de escombros continúa realizándose manualmente.

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba indicó que los proyectos fueron presentados ante el Fondo Milagro, creado para apoyar la respuesta y recuperación posterior al desastre.

Sin embargo, explicó que las dificultades relacionadas con la situación jurídica de algunos predios representan un obstáculo para ejecutar las intervenciones.

Las autoridades esperan ampliar las entregas de vivienda entre diciembre de 2026 y enero de 2027, aunque esto depende de la disponibilidad de recursos.

Pereira todavía espera soluciones para miles de familias

La situación en Pereira y otros municipios del Eje Cafetero también presenta dificultades.

En Risaralda, la UNGRD y el operador SuperGIROS reportaron 9.975 pagos efectivos por aproximadamente 10.120 millones de pesos, mientras cerca de 3.400 permanecían pendientes, según el balance divulgado por CW+.

En Pereira y Dosquebradas, algunas familias manifestaron que todavía no habían recibido los subsidios de arrendamiento necesarios para mantenerse fuera de sus viviendas afectadas.

La Alcaldía de Pereira informó que 480 estructuras requieren demolición completa y que 90 se encontraban en proceso de intervención.

La gobernación de Risaralda también comunicó una asignación adicional de recursos nacionales por 95.000 millones de pesos.

Sin embargo, las necesidades de recuperación abarcan mucho más que la demolición de edificios.

Las familias afectadas requieren soluciones habitacionales, acceso a servicios básicos y apoyo económico para retomar sus actividades cotidianas.

Defensoría alerta por problemas en los subsidios de arrendamiento

Una de las principales advertencias de la Defensoría del Pueblo está relacionada con las ayudas para quienes perdieron sus viviendas o no pueden habitarlas debido a los daños.

La entidad señaló que el subsidio de arrendamiento establecido para determinados damnificados es de 1.050.000 pesos mensuales durante tres meses.

No obstante, advirtió que este periodo resulta insuficiente frente al tiempo necesario para reconstruir una vivienda, que puede extenderse entre 12 y 18 meses o más, según el caso.

También identificó dificultades para encontrar inmuebles disponibles y adecuados para las familias desplazadas por la emergencia.

Estas condiciones aumentan el riesgo de que algunas personas regresen a edificaciones que todavía presentan problemas de seguridad.

La Defensoría solicitó revisar la duración de las ayudas y garantizar alternativas habitacionales dignas.

Problemas en el registro de damnificados dificultan el acceso a las ayudas

El Registro Único de Damnificados es una herramienta fundamental para determinar qué familias pueden acceder a los programas de atención.

Sin embargo, la Defensoría identificó dificultades para incorporar nuevos afectados, corregir errores y reportar daños detectados después del cierre de determinadas etapas de inscripción.

En Risaralda, la entidad advirtió sobre más de 70.000 inconsistencias en la clasificación de viviendas.

Estos problemas pueden ocasionar que personas que sufrieron afectaciones encuentren dificultades para acceder oportunamente a los beneficios disponibles.

Por ello, el organismo pidió establecer mecanismos extraordinarios de actualización y corrección de la información.

Hospitales y colegios siguen afectados

La emergencia también dejó consecuencias en la prestación de servicios esenciales.

La Defensoría reportó que algunas instituciones hospitalarias continúan enfrentando limitaciones de infraestructura, reducción en su capacidad de atención y dificultades en la prestación de determinados servicios.

En educación, miles de estudiantes han tenido que continuar sus actividades mediante modalidades temporales, clases no presenciales o instalaciones provisionales.

La entidad también identificó problemas en la entrega de alimentos del Programa de Alimentación Escolar en algunos territorios afectados.

Estas situaciones muestran que la reconstrucción no depende exclusivamente de levantar nuevas viviendas, sino también de recuperar la infraestructura y garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales.

La reconstrucción enfrenta una brecha de financiación cercana a $50 billones

El Plan de Acción Específico para la Recuperación estima que Colombia necesita aproximadamente 58,29 billones de pesos para atender la recuperación entre 2026 y 2030.

Sin embargo, el documento identifica inicialmente fuentes de recursos por 8,21 billones de pesos.

La diferencia asciende a cerca de 50,08 billones.

La Defensoría advirtió que no existe suficiente claridad sobre cuánto dinero anunciado se encuentra efectivamente disponible, comprometido o en ejecución.

La brecha financiera constituye una de las principales dificultades para convertir los programas anunciados en obras terminadas y soluciones para las familias damnificadas.

Además, será necesaria la coordinación entre el Gobierno nacional, las entidades territoriales, las instituciones responsables de la gestión del riesgo y otros sectores que participen en la recuperación.

Tres meses después, miles de familias siguen esperando

El terremoto del 10 de agosto dejó profundas consecuencias sociales, económicas y materiales en diferentes regiones de Colombia.

A pesar de los avances reportados por las autoridades, todavía existen familias que no han podido regresar a sus viviendas, estudiantes que continúan en espacios temporales y comunidades que esperan apoyo económico.

La Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de acelerar las soluciones habitacionales, garantizar la atención en salud y educación y establecer cronogramas de reconstrucción verificables.

La recuperación de Cali, Pereira, Chocó y los demás territorios afectados dependerá de la disponibilidad de recursos, la ejecución de los proyectos y la atención a las necesidades específicas de cada comunidad.

Tres meses después del desastre, el principal desafío sigue siendo que las ayudas y las inversiones se traduzcan en condiciones de vida seguras y estables para los damnificados.

Deja tu opinión

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *