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Defensoría alerta por expansión de disidencias de las Farc en tres municipios del Tolima: denuncian extorsiones y amenazas

20 de noviembre de 2026
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La Defensoría del Pueblo advirtió que las comunidades de Rovira, San Antonio y Roncesvalles enfrentan un alto riesgo por la presencia y expansión de tres estructuras armadas ilegales. La entidad identificó amenazas contra líderes sociales, reclutamiento de menores, restricciones a la movilidad y cobros extorsivos, por lo que formuló 19 recomendaciones urgentes a las autoridades.

La Defensoría del Pueblo encendió las alertas por el deterioro de las condiciones de seguridad en tres municipios del departamento del Tolima, donde diferentes estructuras disidentes de las antiguas Farc buscan consolidar su presencia y ampliar el control sobre territorios rurales.

Mediante la Alerta Temprana 029 de 2026, divulgada públicamente este viernes 20 de noviembre, la entidad advirtió sobre los riesgos que enfrentan los habitantes de Rovira, San Antonio y Roncesvalles ante las disputas territoriales, las amenazas y los mecanismos de control impuestos por organizaciones armadas ilegales.

Según el organismo de derechos humanos, la situación compromete la vida, la integridad, la libertad y la autonomía de las comunidades, particularmente de campesinos, indígenas, líderes sociales, comerciantes, transportadores, jóvenes y menores de edad.

La Defensoría solicitó a las instituciones nacionales, departamentales y municipales adoptar medidas preventivas que permitan reducir los riesgos antes de que se produzcan nuevas afectaciones humanitarias.

¿Cuáles son los tres municipios del Tolima bajo alerta?

La advertencia comprende los municipios de Rovira, San Antonio y Roncesvalles, ubicados en una zona estratégica de la cordillera Central.

Sin embargo, la preocupación no se limita a sus cabeceras municipales.

La entidad también identificó riesgos en diferentes corregimientos, centros poblados y veredas, incluidos Riomanso, Playarrica, Florida Baja, El Cedro y Santa Helena.

Estos sectores forman parte de corredores rurales utilizados para la movilidad entre municipios y departamentos, lo que incrementa su importancia dentro de las disputas por el control territorial.

La Defensoría señaló que las características geográficas de la región, sumadas al aislamiento de algunas comunidades y las dificultades de acceso institucional, aumentan la vulnerabilidad de sus habitantes frente a las presiones armadas.

Tres estructuras disidentes buscan ampliar su presencia

La Alerta Temprana 029 de 2026 identifica tres dinámicas principales de expansión de organizaciones ilegales.

La primera corresponde al Frente Joaquín González, perteneciente al Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), estructura disidente vinculada al mando de alias Calarcá Córdoba.

Según la Defensoría, este frente ha consolidado su presencia en Rovira y busca extender su influencia hacia San Antonio y Roncesvalles.

La segunda dinámica involucra al Frente Gerónimo Galeano, relacionado con el Bloque Central Isaías Pardo del Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Esta estructura, articulada con el Frente Ismael Ruiz, presenta movimientos de consolidación en San Antonio y expansión hacia Roncesvalles.

La tercera corresponde al Frente 57 Yair Bermúdez, una disidencia independiente que ha avanzado desde el Valle del Cauca hacia zonas occidentales de Roncesvalles.

De acuerdo con la entidad, esta organización tiene interés en controlar pasos de alta montaña, especialmente en el sector de Yerbabuena.

Aunque las estructuras tienen diferentes comandancias, sus movimientos generan un escenario de competencia territorial que aumenta los riesgos para la población civil.

Denuncian carnetización y control de comunidades

Uno de los aspectos más preocupantes de la alerta es la imposición de mecanismos de control social sobre los habitantes de las zonas rurales.

Según los hallazgos de la Defensoría, algunas estructuras armadas exigen a las comunidades portar carnés de identificación para circular por determinados territorios.

La entidad también documentó retenes informales, restricciones a los horarios de movilidad y convocatorias obligatorias a reuniones comunitarias.

Estas prácticas buscan ejercer influencia sobre las actividades cotidianas y limitar la autonomía de los habitantes.

Las juntas de acción comunal también enfrentan presiones, debido a que sus integrantes pueden ser citados por los grupos armados y obligados a participar en dinámicas impuestas por estas organizaciones.

La Defensoría advirtió que esas acciones afectan el funcionamiento de las organizaciones comunitarias y pueden comprometer la seguridad de sus representantes.

Extorsiones afectan a cafeteros, ganaderos y comerciantes

El control de las economías rurales constituye otra de las preocupaciones identificadas en la alerta.

La entidad documentó cobros extorsivos dirigidos a productores cafeteros, ganaderos, establecimientos comerciales y empresas de transporte intermunicipal.

Algunas exigencias económicas son presentadas por los grupos ilegales como contribuciones o aportes supuestamente voluntarios.

Sin embargo, según la Defensoría, se trata de mecanismos de presión que afectan el patrimonio y la libertad de las víctimas.

Las intimidaciones pueden dificultar la comercialización de productos agrícolas, el transporte de mercancías y el funcionamiento de pequeños negocios.

La entidad también reportó incidentes relacionados con la incineración de vehículos de transporte público y la instalación de artefactos explosivos improvisados en caminos rurales.

Estas situaciones incrementan los obstáculos para la movilidad y ponen en peligro a quienes necesitan desplazarse para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos.

Niños y adolescentes enfrentan riesgo de reclutamiento

La niñez y la adolescencia se encuentran entre las poblaciones que requieren especial atención.

La Defensoría advirtió que los menores pueden ser víctimas de reclutamiento forzado o utilización por parte de organizaciones armadas.

Entre las prácticas de riesgo se encuentra su vinculación a actividades de mensajería, vigilancia y recopilación de información para los grupos ilegales.

Estas formas de instrumentalización ponen en peligro la integridad de los menores y afectan su derecho a la educación, la protección familiar y el desarrollo en entornos seguros.

Por esta razón, la entidad solicitó fortalecer los mecanismos de prevención en escuelas, comunidades rurales y espacios de participación juvenil.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se encuentra entre las instituciones llamadas a participar en las medidas de protección.

Comunidad indígena Pijao también está amenazada

La alerta dedica especial atención a las comunidades indígenas del pueblo Pijao en el municipio de San Antonio.

El riesgo comprende el resguardo indígena San Antonio de Calarma y otras comunidades dispersas, que reúnen a más de 1.900 personas, según la Defensoría.

La presencia y las presiones de los grupos armados pueden afectar la movilidad, la organización comunitaria y el ejercicio del gobierno propio.

Además, la imposición de normas externas por parte de estructuras ilegales amenaza la autonomía de las autoridades tradicionales.

La entidad considera necesario aplicar medidas que respeten las particularidades culturales de estas comunidades y fortalezcan sus mecanismos de protección territorial.

Excombatientes firmantes de paz enfrentan nuevas presiones

La situación también afecta a personas que participaron en el proceso de reincorporación después de la firma del Acuerdo Final de Paz.

En el corregimiento Santa Helena, de Roncesvalles, y otras áreas rurales cercanas, la Defensoría identificó hostigamientos y presiones contra firmantes del acuerdo.

Estas amenazas pueden comprometer su seguridad personal y dificultar la continuidad de sus proyectos productivos.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) figura entre las entidades convocadas a fortalecer las acciones institucionales.

El objetivo es evitar que el deterioro de las condiciones de seguridad afecte la permanencia de estas personas en la legalidad y el desarrollo de sus actividades económicas.

Advierten riesgo de desplazamientos y enfrentamientos

La Defensoría también llamó la atención sobre las consecuencias que podría tener una escalada de las disputas entre las estructuras armadas.

Entre los escenarios de riesgo identificados se encuentran enfrentamientos cerca de comunidades, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y restricciones que impidan a las familias salir de sus territorios.

También existe preocupación por la instalación de explosivos en caminos y puentes utilizados por la población civil.

La entidad precisó que estas situaciones forman parte de los riesgos identificados y no deben interpretarse como hechos que necesariamente ya hayan ocurrido en todos los municipios.

Las alertas tempranas tienen un carácter preventivo y buscan que las autoridades actúen antes de que las amenazas se materialicen.

Defensoría formuló 19 recomendaciones a las autoridades

Ante la gravedad del escenario, el organismo presentó 19 recomendaciones dirigidas a instituciones nacionales y territoriales.

Las solicitudes incluyen fortalecer la presencia institucional, proteger a las comunidades y mejorar la respuesta frente a las amenazas de grupos armados.

Entre los principales componentes se encuentran:

  • Reforzar las acciones preventivas de seguridad en corredores rurales.
  • Garantizar asistencia humanitaria a las comunidades afectadas.
  • Prevenir el reclutamiento y la utilización de menores de edad.
  • Fortalecer la protección de líderes sociales y autoridades comunitarias.
  • Investigar las extorsiones, amenazas y demás conductas ilegales.
  • Mejorar las condiciones de infraestructura y acceso a servicios en las zonas rurales.
  • Impulsar oportunidades educativas y laborales para jóvenes.
  • Proteger el gobierno propio de las comunidades indígenas.

La Defensoría también solicitó mecanismos de seguimiento que permitan evaluar el cumplimiento de las acciones recomendadas.

¿Qué entidades deben responder a la alerta?

El llamado institucional involucra al Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

También comprende a la Unidad para las Víctimas, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

En el ámbito territorial, las recomendaciones fueron dirigidas a la Gobernación del Tolima y a las alcaldías de Rovira, San Antonio y Roncesvalles.

La entidad insistió en que la respuesta no debe limitarse a operaciones de seguridad, sino incluir inversión social, acceso a la justicia, protección de los derechos humanos y fortalecimiento de las comunidades.

La coordinación entre las instituciones será fundamental para evitar que las medidas queden únicamente en anuncios.

Seguridad y abandono rural, dos desafíos simultáneos

La Defensoría identificó factores que aumentan la exposición de las comunidades a las presiones armadas, entre ellos las dificultades económicas, el aislamiento de algunas veredas y la limitada presencia de servicios institucionales.

La entidad aclaró que estas condiciones no son la causa de la violencia, pero sí pueden reducir las posibilidades de protección y respuesta frente a las amenazas.

Cuando una población depende de pocas vías de acceso o tiene dificultades para acudir a las autoridades, los grupos armados pueden ejercer mayores presiones sobre las actividades cotidianas.

Por ello, las recomendaciones incluyen mejorar la infraestructura rural, facilitar el acceso a la justicia y fortalecer las oportunidades económicas legales.

La prevención del riesgo requiere combinar la respuesta de seguridad con medidas destinadas a garantizar los derechos de las comunidades.

Defensoría pide actuar antes de una crisis humanitaria

La Alerta Temprana 029 de 2026 constituye un llamado a prevenir nuevas violaciones de derechos humanos en el Tolima.

Los riesgos identificados abarcan desde amenazas y extorsiones hasta posibles desplazamientos, reclutamiento de menores y afectaciones a los procesos de reincorporación.

La entidad considera prioritario proteger a las comunidades campesinas e indígenas y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones.

Por ahora, la advertencia se concentra en Rovira, San Antonio y Roncesvalles, donde la expansión de diferentes estructuras armadas ha configurado un escenario de alto riesgo.

Las próximas actuaciones de las autoridades deberán enfocarse en implementar las recomendaciones y evitar que la situación humanitaria se deteriore.

Somos Caquetá continuará informando sobre los acontecimientos relacionados con la seguridad, los derechos humanos y la protección de las comunidades rurales de Colombia.

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