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Revelan nuevo chat atribuido a Gustavo Petro sobre contratación de mujeres en Presidencia: mencionan contratos por más de $137 millones

08 de noviembre de 2026
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Tomado de: El Colombiano – Fuente: Redes Sociales, @ElizbethCristi7, colprensa, Noticas RCN

Una conversación que habría sostenido el expresidente con Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, plantea interrogantes sobre las recomendaciones para vincular personal al Gobierno. Elizabeth Ortiz, mencionada en los mensajes, confirmó que tuvo dos contratos con Presidencia, pero rechazó cualquier relación con supuestos favores personales o sexuales.

Una nueva controversia sobre la contratación estatal durante el Gobierno de Gustavo Petro surgió después de que Noticias RCN divulgara una conversación atribuida al exmandatario y a Angie Rodríguez, quien se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

El intercambio, fechado el 3 de noviembre de 2025, contendría una solicitud del entonces presidente para vincular al equipo de comunicaciones de la Casa de Nariño a Elizabeth Cristina Ortiz Peña, una mujer que en ese momento trabajaba en el Ministerio de Salud.

La conversación fue divulgada el sábado 7 de noviembre de 2026 y posteriormente retomada por otros medios nacionales, entre ellos El Colombiano.

Según las publicaciones periodísticas, los mensajes estarían en poder de las autoridades y formarían parte de los elementos que deberán examinarse para determinar si existieron irregularidades en los procesos de contratación.

La controversia adquirió mayor relevancia después de conocerse que Ortiz suscribió dos contratos con el Dapre por un valor conjunto superior a los 137 millones de pesos.

Sin embargo, la existencia de esos contratos no demuestra, por sí sola, que se hayan cometido irregularidades o que su adjudicación estuviera relacionada con beneficios personales.

¿Qué dice el nuevo chat atribuido a Gustavo Petro?

De acuerdo con la conversación revelada por Noticias RCN, el expresidente habría enviado a Angie Rodríguez una publicación de redes sociales relacionada con Elizabeth Ortiz, acompañada de un comentario sobre su posible incorporación al equipo de comunicaciones de Presidencia.

En uno de los mensajes atribuidos a Petro, el entonces mandatario habría destacado la influencia de la mujer y considerado conveniente su vinculación al Gobierno para fortalecer la estrategia comunicativa.

El contenido también incluía una referencia a su apariencia física, comentario que generó cuestionamientos después de hacerse público.

Rodríguez habría respondido que se pondría en contacto con la persona mencionada para gestionar su posible vinculación.

La conversación también contiene otro fragmento en el que el expresidente presuntamente consulta por dos mujeres adicionales que habría recomendado previamente.

Según el material difundido, Rodríguez habría señalado que ambas serían vinculadas durante esa misma semana.

Este último intercambio abrió nuevos interrogantes sobre los procedimientos utilizados para seleccionar contratistas dentro de la Presidencia.

No obstante, todavía corresponde a las autoridades establecer la autenticidad, el contexto completo y las posibles implicaciones jurídicas de los mensajes.

Elizabeth Ortiz firmó dos contratos con el Dapre

Uno de los elementos que ha concentrado la atención es la coincidencia temporal entre la conversación divulgada y los contratos que posteriormente suscribió Elizabeth Cristina Ortiz Peña.

Según la información publicada por El Colombiano y Noticias RCN, el primer contrato fue firmado el 20 de noviembre de 2025, apenas 17 días después de la fecha registrada en el supuesto intercambio de mensajes.

El acuerdo, cuyo valor superó los 15 millones de pesos, tenía una duración de dos meses y contemplaba actividades de enlace, gestión administrativa y apoyo a las estrategias de comunicación institucional.

Posteriormente, el 30 de enero de 2026, Ortiz suscribió un segundo contrato con el Dapre por aproximadamente 121 millones de pesos.

Este último establecía honorarios mensuales de 11 millones de pesos y contemplaba funciones relacionadas con el seguimiento de medios de comunicación, el análisis de información y el acompañamiento a las estrategias comunicativas de la Presidencia.

En conjunto, los dos contratos superaron los 137 millones de pesos.

La coincidencia entre las fechas de los mensajes y las vinculaciones administrativas constituye uno de los aspectos que deberá ser examinado para determinar cómo se desarrollaron los procedimientos de selección.

Reportan contrataciones cercanas a los $800 millones con entidades públicas

La investigación periodística también señala que Elizabeth Ortiz habría suscrito más de diez contratos con entidades estatales entre 2023 y agosto de 2026.

Entre las instituciones mencionadas aparecen los ministerios de Justicia, Salud y Minas y Energía, la Superintendencia del Subsidio Familiar y el Departamento Administrativo de la Presidencia.

De acuerdo con la información recopilada por Noticias RCN, el valor acumulado de estas vinculaciones se aproximaría a los 800 millones de pesos.

Esta cifra corresponde a la suma reportada de los contratos y no necesariamente al dinero efectivamente pagado a la contratista.

La existencia de diferentes vinculaciones con entidades públicas tampoco permite concluir automáticamente que se haya presentado una conducta ilegal.

Para establecer si existieron irregularidades sería necesario revisar los requisitos profesionales, las funciones contratadas, los procedimientos administrativos y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Elizabeth Ortiz niega haber recibido contratos por favores personales

Tras conocerse la publicación de los mensajes, Elizabeth Ortiz respondió a los señalamientos y confirmó que trabajó para la Presidencia mediante contratos de prestación de servicios.

La mujer explicó que su llegada al Dapre se produjo por recomendación de Andrés Hernández Ramírez, quien estuvo al frente de las comunicaciones del Gobierno de Gustavo Petro.

Según su versión, Hernández se encontraba conformando el equipo encargado de fortalecer las estrategias comunicativas de la administración.

Ortiz sostuvo que cumplió con las actividades establecidas en sus contratos y rechazó cualquier señalamiento que la vinculara con una presunta red de favorecimientos personales.

También negó haber mantenido relaciones sentimentales o sexuales con integrantes del Gobierno como contraprestación por contratos estatales.

La contratista explicó que su cercanía política con Petro respondía a su respaldo a las ideas y propuestas del exmandatario.

Sus declaraciones forman parte de las versiones que deberán considerarse frente a los cuestionamientos publicados.

Exjefe de comunicaciones de Petro defiende la contratación

Andrés Hernández Ramírez, quien ejerció como jefe de Comunicaciones de la Presidencia, también se pronunció para explicar las circunstancias en las que Elizabeth Ortiz ingresó al equipo.

El exfuncionario aseguró que fue él quien recomendó su vinculación para fortalecer las actividades comunicativas del Gobierno.

De acuerdo con su explicación, Gustavo Petro estuvo de acuerdo con la recomendación y, posteriormente, cuando Hernández asumió responsabilidades en las comunicaciones de Palacio, se renovó el contrato con recursos asignados a su equipo de trabajo.

También indicó que Ortiz decidió retirarse antes de la finalización del Gobierno anterior porque no tenía intención de continuar vinculada con la nueva administración.

La versión de Hernández introduce un elemento adicional al debate sobre quién promovió la contratación y cuál fue el procedimiento seguido para formalizarla.

La revisión de los documentos contractuales y de las comunicaciones oficiales podría contribuir a establecer las circunstancias administrativas de las vinculaciones.

Los mensajes se conocen en medio de otras denuncias sobre contratación

La nueva conversación atribuida a Gustavo Petro se divulgó en medio de otras denuncias relacionadas con la contratación de mujeres durante su administración.

Una de las controversias recientes surgió a partir de las declaraciones de Deicy Jiménez, quien denunció presuntos intercambios de beneficios personales por contratos estatales.

Estos señalamientos han motivado cuestionamientos públicos y solicitudes para que las autoridades revisen determinadas vinculaciones contractuales.

Sin embargo, no existe evidencia pública suficiente para concluir que el caso de Elizabeth Ortiz esté relacionado con las conductas denunciadas por Jiménez.

La propia Ortiz ha rechazado expresamente esa relación.

Por ello, resulta necesario distinguir los contratos documentados y las recomendaciones laborales de las acusaciones sobre posibles contraprestaciones indebidas, que requieren comprobación independiente.

¿Qué deberán esclarecer las autoridades?

La divulgación de los mensajes plantea preguntas sobre los procedimientos de contratación de personal de apoyo dentro de la Presidencia de la República.

Entre los aspectos que podrían ser objeto de revisión se encuentran la autenticidad de las conversaciones, la participación de los funcionarios mencionados y el cumplimiento de las normas aplicables a los contratos de prestación de servicios.

También será importante establecer si las personas vinculadas reunían los requisitos exigidos para desarrollar sus funciones y si las contrataciones respondieron a necesidades institucionales debidamente justificadas.

Es necesario precisar que recomendar a una persona para un cargo o contrato no constituye automáticamente una conducta ilegal.

La eventual existencia de responsabilidades dependerá de que se demuestren actuaciones contrarias a la normativa y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.

Continúa la controversia por la contratación en el Gobierno anterior

La revelación de esta conversación incorpora nuevos elementos al debate nacional sobre los procesos de contratación y las decisiones administrativas durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Por una parte, los medios que divulgaron la información señalan que los mensajes podrían aportar elementos relevantes para revisar determinadas vinculaciones.

Por otra, Elizabeth Ortiz y Andrés Hernández sostienen que su incorporación al equipo de comunicaciones respondió a una recomendación profesional y al cumplimiento de funciones institucionales.

Mientras continúa el examen de la información, sigue sin establecerse que los contratos mencionados fueran utilizados como contraprestación por favores personales.

El esclarecimiento de los hechos dependerá de la verificación de los documentos, las comunicaciones y las actuaciones administrativas, con respeto por la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso.

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