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Piden revisar nombramiento de notaria en Bogotá por presuntos vínculos con Gustavo Petro y contratos estatales

08 de noviembre de 2026
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La designación de Diana Torres Sánchez como notaria 44 de Bogotá quedó en el centro de una controversia relacionada con las denuncias sobre supuestos favores personales y nombramientos durante el Gobierno de Gustavo Petro. La funcionaria rechazó los señalamientos y defendió su trayectoria profesional.

Una nueva controversia rodea al expresidente Gustavo Petro después de que surgieran cuestionamientos sobre el nombramiento de Diana Torres Sánchez como titular de la Notaría 44 del Círculo de Bogotá, en medio de las denuncias relacionadas con presuntos vínculos personales y la adjudicación de contratos estatales durante la anterior administración.

La situación adquirió relevancia a raíz de una investigación periodística de El Tiempo y de declaraciones públicas que plantearon interrogantes sobre las circunstancias en las que se produjo la designación de la funcionaria.

Los cuestionamientos surgieron después de que Deicy Jiménez denunciara públicamente una supuesta relación entre encuentros personales con el exmandatario y la obtención de contratos con entidades del Estado.

Sin embargo, tanto Petro como Diana Torres han rechazado las acusaciones relacionadas con presuntos intercambios de beneficios personales por decisiones administrativas.

Hasta el momento, no se ha demostrado que el nombramiento de la notaria constituyera una contraprestación indebida ni que hubiera existido una intervención irregular del expresidente en favor de la funcionaria.

¿Por qué cuestionan el nombramiento de la notaria 44 de Bogotá?

La controversia se concentra en Diana Torres Sánchez, una abogada que fue designada para ocupar la Notaría 44 de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro.

Las dudas surgieron después de que circularan versiones según las cuales la funcionaria habría facilitado una vivienda ubicada en el sector de Quinta Paredes para encuentros privados del entonces mandatario.

A partir de estos señalamientos, se planteó la hipótesis de que su nombramiento en la notaría podría haber estado relacionado con un supuesto favorecimiento personal.

No obstante, estas afirmaciones no han sido acreditadas mediante pruebas públicas suficientes ni constituyen hechos establecidos judicialmente.

La propia funcionaria negó haber recibido el cargo como compensación por permitir el uso de su residencia.

Torres explicó que conocía a Gustavo Petro desde años anteriores y que mantenía una relación de amistad con él. También reconoció que el exmandatario había visitado su apartamento, pero rechazó que esos encuentros tuvieran las características señaladas en las acusaciones.

Documentos oficiales confirman el nombramiento de Diana Torres

Más allá de las controversias, los registros del Ministerio de Justicia permiten comprobar que Diana Torres Sánchez fue designada para ejercer funciones notariales en Bogotá.

Mediante el Decreto 0219 del 27 de febrero de 2025, el Gobierno nacional dispuso su nombramiento en encargo como notaria 44 del Círculo de Bogotá.

El documento estableció que la designación respondía a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio, luego de que el cargo quedara vacante por el retiro de su anterior titular.

Asimismo, señaló que la Superintendencia de Notariado y Registro había revisado la documentación de Torres y certificado el cumplimiento de los requisitos legales para ejercer la función notarial.

Posteriormente, durante enero de 2026, se adelantaron actuaciones administrativas para su designación en interinidad.

Estos documentos confirman la existencia del nombramiento, pero no permiten concluir que hubiera sido otorgado como resultado de un favorecimiento indebido.

Exministro de Justicia explicó cómo se realizó la designación

El exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo también intervino en la controversia después de recibir cuestionamientos sobre su participación en el procedimiento de nombramiento.

Cuervo aseguró que desconocía las acusaciones relacionadas con supuestos encuentros privados del expresidente y negó haber intervenido para favorecer personalmente a Diana Torres.

Según su explicación, la designación inicial en encargo se produjo durante la gestión de Ángela María Buitrago, mientras que las actuaciones posteriores de interinidad correspondieron a otra etapa administrativa.

El exfuncionario sostuvo que su responsabilidad consistió en formalizar procedimientos previamente revisados por las entidades competentes y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación.

También rechazó que su intervención pudiera interpretarse como una decisión discrecional destinada a beneficiar a una persona por razones particulares.

Las declaraciones abrieron una discusión sobre los procedimientos utilizados para proveer temporalmente cargos notariales y las responsabilidades de quienes participan en estas decisiones.

El caso se relaciona con las denuncias de Deicy Jiménez

La controversia sobre la Notaría 44 aparece en medio de los señalamientos formulados por Deicy Jiménez contra Gustavo Petro.

La mujer afirmó públicamente que durante varios años habría recibido contratos estatales relacionados con una presunta relación personal con el exmandatario.

Los registros de contratación pública consultados por diferentes medios confirman que Jiménez estuvo vinculada contractualmente con entidades como el Congreso de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

Sin embargo, la existencia de esos contratos no demuestra que fueran adjudicados irregularmente ni que hubieran estado condicionados a relaciones personales.

El expresidente rechazó las acusaciones y aseguró que nunca entregó contratos estatales a cambio de relaciones sexuales.

Por su parte, organizaciones que promueven la transparencia y diferentes sectores políticos solicitaron que las autoridades revisen los procedimientos de contratación mencionados en las denuncias.

El objetivo de estas solicitudes es establecer si las vinculaciones cumplieron las exigencias legales y si existió alguna intervención indebida de funcionarios públicos.

Diana Torres rechaza los señalamientos y defiende su trayectoria

Ante la difusión de las acusaciones, Diana Torres Sánchez manifestó que su carrera profesional es resultado de su formación académica y experiencia laboral.

La funcionaria rechazó las insinuaciones que relacionan su nombramiento con presuntas actividades privadas y consideró injustificado que se cuestionara su capacidad profesional a partir de esos señalamientos.

También pidió que se respetara su intimidad y que quienes divulgaron acusaciones sin sustento se retractaran.

La defensa del expresidente Petro, por su parte, negó que las visitas del exmandatario al sector de Quinta Paredes estuvieran relacionadas con encuentros de carácter sexual.

Estas respuestas forman parte de las diferentes versiones que deberán considerarse en cualquier eventual revisión institucional.

¿Qué deben esclarecer las autoridades?

La controversia plantea interrogantes sobre la transparencia de los nombramientos notariales y los mecanismos para prevenir posibles conflictos de interés en las decisiones del Estado.

Para establecer si existió alguna irregularidad, sería necesario revisar los documentos administrativos relacionados con la designación, las condiciones de la vacante, el cumplimiento de los requisitos profesionales y la participación de los funcionarios responsables.

También tendría que determinarse si existen elementos probatorios que vinculen el procedimiento con los supuestos beneficios personales mencionados en las denuncias.

En Colombia, los cargos notariales pueden ser provistos temporalmente mediante figuras como el encargo y la interinidad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Por esta razón, la utilización de estas modalidades no constituye por sí misma evidencia de corrupción o favorecimiento indebido.

Continúa el debate sobre la contratación y los nombramientos estatales

Los cuestionamientos sobre Diana Torres Sánchez se suman al debate nacional relacionado con las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro y los mecanismos de contratación y designación de funcionarios durante su administración.

Aunque existen documentos oficiales que permiten verificar los nombramientos y registros públicos de diferentes contratos estatales, las acusaciones sobre posibles contraprestaciones personales todavía requieren demostración.

La controversia también evidencia la importancia de distinguir entre los hechos documentados, los testimonios de los denunciantes y las conclusiones que únicamente pueden establecer las autoridades competentes.

Por ahora, Diana Torres mantiene su rechazo a las acusaciones y el expresidente ha negado haber utilizado recursos o cargos públicos para obtener beneficios de carácter personal.

El esclarecimiento de los señalamientos dependerá de la existencia de pruebas verificables y de las actuaciones institucionales que correspondan, con respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso.

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