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Neiva: cuatro años después, descubren irregularidades en los títulos académicos de dos agentes de tránsito

29 de octubre de 2026
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La Alcaldía de Neiva confirmó la revocatoria de los nombramientos de dos agentes de tránsito vinculadas durante la administración del exalcalde Gorky Muñoz. Las decisiones se produjeron después de que una institución educativa negara haber certificado su formación como bachilleres. El caso deja interrogantes sobre los controles de contratación y la responsabilidad de quienes avalaron los nombramientos.

La administración municipal de Neiva enfrenta nuevos cuestionamientos por los mecanismos de verificación utilizados para vincular servidores públicos. Esta vez, las dudas surgen alrededor de los nombramientos de Necdy Tatiana Camacho Guzmán y Sandra Milena Gómez Vargas, dos agentes de tránsito que ingresaron durante el gobierno del exalcalde Gorky Muñoz y cuyos documentos académicos fueron cuestionados casi cuatro años después.

Las irregularidades fueron identificadas mediante una revisión adelantada por la Dirección Administrativa de Talento Humano, que solicitó a la Institución Educativa Oliverio Lara Borrero verificar la autenticidad de los documentos académicos atribuidos a ese establecimiento.

La respuesta de la institución puso en evidencia una situación que debió haberse esclarecido antes de los nombramientos: ninguna de las dos funcionarias figuraba, según las certificaciones conocidas, como estudiante que hubiera cursado y aprobado grado once en ese colegio.

Más allá de las decisiones administrativas adoptadas, el caso plantea una pregunta inevitable: ¿cómo fueron avalados esos documentos en 2022 y por qué las inconsistencias solo fueron detectadas en 2026?

Un nombramiento que terminó bajo revisión

Necdy Tatiana Camacho Guzmán tomó posesión como agente de tránsito el 28 de octubre de 2022, mediante un nombramiento provisional para desempeñar el cargo identificado con el código 340, grado 02.

Entre los requisitos mínimos establecidos para ocupar el empleo se encontraba acreditar el título de bachiller.

Sin embargo, durante una verificación documental realizada en 2026, la Institución Educativa Oliverio Lara Borrero detectó inconsistencias entre la fecha de graduación y el número del acta académica presentada.

Posteriormente, mediante certificación del 22 de mayo de 2026, el rector del establecimiento informó que Camacho Guzmán no había cursado ni aprobado grado once en esa institución y que los documentos atribuidos al plantel carecían de validez.

Ante esta situación, la Alcaldía inició una actuación administrativa para determinar si el nombramiento cumplía los requisitos legales.

Mediante el Auto 0011 del 30 de junio de 2026, la administración incorporó las pruebas y otorgó a la funcionaria un plazo de 15 días hábiles para ejercer su derecho de defensa.

Finalmente, el 20 de agosto, a través del Decreto 0413, el alcalde Germán Casagua ordenó revocar su nombramiento provisional.

Los argumentos de la defensa

La decisión fue impugnada el 4 de septiembre mediante un recurso de reposición presentado por el apoderado de Camacho Guzmán.

La defensa aseguró que los documentos cuestionados por la Institución Educativa Oliverio Lara Borrero no correspondían a los que, según su versión, la funcionaria había entregado al momento de ingresar a la administración municipal.

Como respaldo, presentó nuevos documentos académicos atribuidos a la Institución Educativa Celestin Freinet, ubicada en Florencia, Caquetá, que hacían referencia a una graduación como bachiller académico en diciembre de 2018.

También solicitó considerar la condición de madre cabeza de familia de la agente, circunstancias médicas posteriores y su elección como vicepresidenta de una organización sindical el 24 de agosto de 2026.

No obstante, la administración municipal consideró que ninguno de estos argumentos desvirtuaba el motivo que había originado la revisión del nombramiento.

En particular, señaló que los nuevos documentos académicos fueron aportados después de la decisión inicial y que, dentro de las pruebas examinadas, no existía una certificación directa de la institución educativa que confirmara su autenticidad.

La Alcaldía aclaró que esta valoración no significaba declarar falsos los nuevos soportes, sino establecer que no contaban con suficiente respaldo probatorio dentro de la actuación administrativa.

El Decreto 0535 del 14 de octubre de 2026 confirmó la revocatoria del nombramiento y negó la solicitud de archivo del procedimiento.

Sin embargo, la confirmación de la revocatoria no implica necesariamente que la desvinculación ya se haya ejecutado. Antes de hacerla efectiva, Talento Humano deberá verificar la protección sindical alegada por Camacho Guzmán y determinar si se requiere autorización judicial.

Una investigación penal que transcurre por separado

El caso de Camacho Guzmán tiene otro antecedente relevante: la agente enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el homicidio de Ramiro Chavarro Quilindo, ocurrido el 20 de octubre de 2024 en el barrio Álvaro Uribe, en Neiva.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la Nación, la funcionaria y su hermanastro, Fabián Esteban Córdoba Guzmán, habrían participado en los hechos que ocasionaron la muerte del hombre tras una agresión con machete.

Ambos fueron capturados en diciembre de 2024 y posteriormente llamados a juicio por los delitos de homicidio agravado y lesiones personales.

En el desarrollo del proceso judicial, Camacho Guzmán obtuvo la sustitución de la detención intramural por domiciliaria. Posteriormente, un juez le concedió autorización para trabajar en funciones administrativas de la Secretaría de Movilidad, teniendo en cuenta las circunstancias económicas de sus dos hijas.

Es importante precisar que la investigación penal y el procedimiento administrativo relacionado con los requisitos académicos son asuntos independientes. La acusación no constituye una condena y debe respetarse la presunción de inocencia de los procesados.

Una segunda agente, una situación similar

La revisión documental también alcanzó a Sandra Milena Gómez Vargas, quien fue nombrada en provisionalidad durante julio de 2022, después de haber ocupado empleos temporales desde marzo de 2020.

Al igual que en el caso de Camacho Guzmán, la Institución Educativa Oliverio Lara Borrero negó que Gómez Vargas hubiera cursado y aprobado allí grado once, circunstancia que llevó a la administración municipal a cuestionar la acreditación del requisito académico.

La funcionaria presentó argumentos relacionados con su buena fe, experiencia laboral, antecedentes de formación y protección sindical. Entre los documentos aportados figuraban certificaciones de haber cursado sexto y séptimo grado en el establecimiento educativo.

Pese a ello, la Alcaldía confirmó la revocatoria de su nombramiento mediante el Decreto 0536 del 14 de octubre de 2026, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto 0414 del 20 de agosto.

En ambos procedimientos, la administración aclaró que sus determinaciones tienen carácter administrativo y no representan, por sí mismas, una declaración de falsedad documental ni una atribución de responsabilidad penal o disciplinaria.

¿Quién verificó los requisitos durante la administración de Gorky Muñoz?

Este es, quizá, el interrogante de mayor importancia institucional.

Los dos nombramientos fueron realizados durante la administración del exalcalde Gorky Muñoz, cuando las entidades públicas tenían la obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada cargo.

En el caso de Camacho Guzmán, el Decreto 0843 de 2022 dejó consignado que la viabilidad del nombramiento estaba respaldada por una verificación previa de los requisitos y competencias establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.

El documento llevaba las firmas del entonces alcalde Gorky Muñoz, la secretaria general María Salomé Bahamón y el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julio César Ardila.

También surgen preguntas sobre los procedimientos adelantados por la Dirección Administrativa de Talento Humano, que para ese periodo estaba bajo la responsabilidad de Álvaro Macías Villarraga.

Aunque la existencia de esas firmas y responsabilidades administrativas no permite concluir que dichos funcionarios hayan cometido alguna irregularidad, sí resulta pertinente establecer qué mecanismos de revisión se aplicaron y quiénes participaron directamente en la validación de los soportes académicos.

Si el nombramiento se sustentó en una verificación previa, como quedó registrado oficialmente, resulta necesario conocer cómo se llevó a cabo ese procedimiento y por qué no permitió detectar las inconsistencias que ahora motivaron las revocatorias.

Editorial | El verdadero problema es el control institucional

Lo sucedido en Neiva no debería reducirse únicamente a la salida de dos agentes de tránsito.

El asunto de fondo es la capacidad de la administración pública para garantizar que las personas nombradas en cargos oficiales cumplan efectivamente las condiciones establecidas por la ley.

La documentación académica no puede convertirse en un simple requisito de archivo. Su verificación constituye una responsabilidad institucional que protege la legalidad de los nombramientos y la confianza de la ciudadanía.

Resulta preocupante que hayan transcurrido casi cuatro años entre las vinculaciones y la identificación de inconsistencias que, según los hallazgos administrativos, estaban relacionadas con documentos aportados al momento del ingreso.

También es necesario reconocer que la reacción de la actual administración permitió revisar la situación y adoptar decisiones conforme a los procedimientos administrativos correspondientes. Sin embargo, esa actuación no elimina la necesidad de determinar qué ocurrió durante los controles iniciales.

¿Se consultó directamente a las instituciones educativas antes de posesionar a las funcionarias? ¿Qué procedimientos se utilizaron para verificar los diplomas? ¿Quién tenía la responsabilidad de validar los documentos? ¿Existen otros nombramientos que deban ser revisados?

Estas preguntas requieren respuestas documentadas, no especulaciones ni señalamientos anticipados.

La transparencia administrativa exige esclarecer tanto las circunstancias que llevaron a las revocatorias como las posibles deficiencias del sistema de verificación, respetando los derechos de las personas involucradas.

Porque el problema no es solamente que dos nombramientos hayan terminado cuestionados cuatro años después. El verdadero desafío para Neiva es demostrar que sus mecanismos de contratación y control funcionan antes de que las irregularidades se conviertan en un problema público.

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