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Deicy Jiménez no declaró ante la Fiscalía tras renuncia de su abogado: Procuraduría también investiga

04 de noviembre de 2026
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Deicy Jiménez no compareció ante la Fiscalía General de la Nación el martes 3 de noviembre, después de que su abogado Andrés Felipe Caballero renunciara a representarla por motivos de seguridad. El caso quedó bajo la responsabilidad de la fiscal Marcela Abadía, mientras la Procuraduría y la Corte Suprema también adelantan actuaciones relacionadas con las denuncias sobre presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales.

La declaración de Deicy Jiménez ante la Fiscalía General de la Nación fue aplazada tras conocerse la renuncia de su abogado, Andrés Felipe Caballero, quien denunció situaciones que comprometían su seguridad personal.

La diligencia estaba prevista para el martes 3 de noviembre de 2026 y tenía como propósito ampliar las declaraciones de la excontratista sobre presuntas irregularidades en la asignación de contratos durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Según informó La Silla Vacía, Jiménez no compareció ante el organismo investigador y todavía no se ha establecido una nueva fecha para escuchar su versión.

El caso se encuentra a cargo de Marcela Abadía, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien deberá evaluar la información que aporte la denunciante.

Abogado de Deicy Jiménez renunció por motivos de seguridad

Andrés Felipe Caballero confirmó que decidió retirarse de la representación judicial de Jiménez debido a preocupaciones relacionadas con su seguridad.

En una publicación realizada en la red social X, el abogado reconoció que había recibido amenazas y explicó que su prioridad era garantizar que la denunciante y otras mujeres pudieran aportar información ante las autoridades.

Caracol Radio reportó posteriormente que Caballero aseguró haber recibido amenazas de muerte.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente quiénes serían los responsables de esas intimidaciones.

La renuncia del abogado obligó a modificar el calendario previsto para las diligencias, aunque no significa que las investigaciones hayan terminado.

Fiscalía deberá fijar nueva fecha para escuchar a Deicy Jiménez

La declaración que debía realizarse el 3 de noviembre no pudo llevarse a cabo.

De acuerdo con La Silla Vacía, Marcela Abadía, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, es la funcionaria encargada de examinar la versión que entregue Jiménez.

La comparecencia hace parte de las actuaciones destinadas a establecer si existieron irregularidades en la contratación de entidades públicas durante el Gobierno anterior.

Para avanzar en el proceso, las autoridades deberán verificar las declaraciones, revisar los documentos contractuales y determinar si existen pruebas de posibles conductas delictivas.

Hasta el momento, no se conoce una nueva fecha oficial para la diligencia.

Corte Suprema ya escuchó a Jiménez y Procuraduría abrió indagación

La información publicada por La Silla Vacía también señala que Deicy Jiménez ya entregó su versión ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Esta actuación es independiente de la declaración pendiente ante la Fiscalía General de la Nación.

Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación abrió de oficio una indagación previa contra funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro por las acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades contractuales.

La intervención de diferentes organismos busca examinar los hechos desde sus respectivas competencias.

La Fiscalía se encarga de las investigaciones penales, mientras la Procuraduría puede adelantar actuaciones disciplinarias contra servidores públicos, conforme a las disposiciones legales aplicables.

La apertura de una indagación previa no implica que se haya demostrado responsabilidad de los funcionarios señalados.

¿Qué denunció Deicy Jiménez sobre los contratos estatales?

La controversia comenzó después de que Jiménez asegurara públicamente que había recibido contratos de prestación de servicios relacionados con una supuesta red de mujeres que mantenían vínculos personales con el expresidente Gustavo Petro.

En una entrevista con la revista Semana, afirmó que habría participado en un grupo de entre 30 y 40 mujeres que, según su versión, obtenían beneficios contractuales a cambio de acompañamiento personal y favores sexuales.

Estos señalamientos no han sido comprobados judicialmente.

Gustavo Petro ha rechazado las acusaciones y ha negado haber entregado contratos estatales a cambio de favores sexuales.

La investigación deberá determinar si las afirmaciones de la denunciante cuentan con pruebas que permitan establecer posibles irregularidades o responsabilidades.

¿En qué entidades tuvo contratos Deicy Jiménez?

La Silla Vacía revisó registros públicos de contratación que muestran vínculos de Jiménez con distintas entidades estatales.

Entre las instituciones mencionadas se encuentran:

  • Senado de la República, en 2023.
  • Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en 2025.
  • Ministerio del Interior, entre 2025 y 2026.
  • Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Según el medio, la declaración contractual relacionada con el Dapre fue publicada en Función Pública pocos días antes de que Gustavo Petro terminara su periodo presidencial.

La existencia de estos contratos es un dato documental relevante para las investigaciones, pero no constituye por sí misma una prueba de que fueran adjudicados de manera irregular.

Las autoridades deberán evaluar los procedimientos de contratación y las posibles relaciones entre los hechos denunciados y las decisiones administrativas.

¿Qué sigue en las investigaciones?

Las actuaciones continuarán con la recopilación de documentos, la evaluación de testimonios y la definición de una nueva fecha para la declaración de Deicy Jiménez ante la Fiscalía.

También será necesario esclarecer las amenazas denunciadas por su exabogado y determinar si se requieren medidas de protección.

Mientras tanto, los organismos competentes deberán examinar de manera independiente las posibles responsabilidades penales y disciplinarias.

El caso continúa abierto y las denuncias deberán ser contrastadas con pruebas verificables, respetando la presunción de inocencia y las garantías procesales de todas las personas involucradas.

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