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Informe señala al Gobierno Petro de favorecer a Maduro tras las elecciones de Venezuela: estas son las razones

13 de noviembre de 2026
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Una investigación del Miranda Center for Democracy cuestiona la política exterior de Gustavo Petro frente a las elecciones venezolanas de 2024. La abstención de Colombia en la OEA, los proyectos energéticos con Venezuela y los diálogos de paz con el ELN figuran entre los factores analizados. El estudio sostiene que estas decisiones redujeron la presión diplomática sobre Nicolás Maduro.

Un nuevo informe internacional ha reabierto el debate sobre el papel que desempeñó el Gobierno del expresidente Gustavo Petro frente a las cuestionadas elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024.

El estudio, elaborado por el Miranda Center for Democracy y divulgado en noviembre de 2026, sostiene que la política diplomática colombiana contribuyó a disminuir el costo internacional de la permanencia de Nicolás Maduro en el poder.

El documento, titulado Laundering Maduro’s Legitimacy, examina las decisiones adoptadas desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, en agosto de 2022, hasta enero de 2026.

Los investigadores consideran que Colombia, pese a no reconocer formalmente la victoria electoral anunciada por las autoridades venezolanas, adoptó posiciones que favorecieron políticamente al Gobierno de Maduro.

No obstante, es importante precisar que se trata de una interpretación de política exterior presentada por los autores del informe. No equivale a una sentencia judicial ni demuestra que Petro haya participado directamente en la manipulación de votos.

¿Qué dice el informe sobre Gustavo Petro?

El Miranda Center for Democracy sostiene que el Gobierno colombiano privilegió el diálogo y la mediación frente a medidas diplomáticas más exigentes después de las elecciones venezolanas.

Según los investigadores, esa postura contribuyó a reducir la presión internacional para que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela publicara los resultados detallados por mesa de votación.

El estudio también cuestiona la respuesta inicial del entonces presidente colombiano.

Los autores señalan que Petro tardó aproximadamente 55 horas en pronunciarse públicamente sobre los resultados, mientras otros mandatarios de la región expresaron preocupaciones con mayor rapidez.

Para el centro de investigación, esta diferencia reflejó una posición de cautela que terminó beneficiando al Gobierno venezolano.

Sin embargo, el tiempo de respuesta por sí solo no demuestra una coordinación política destinada a encubrir irregularidades electorales.

La abstención de Colombia en la OEA, uno de los puntos centrales

Uno de los acontecimientos más relevantes ocurrió el 31 de julio de 2024, cuando el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) discutió una resolución sobre las elecciones venezolanas.

La propuesta solicitaba al Consejo Nacional Electoral publicar los resultados detallados y permitir una verificación independiente.

La votación terminó con 17 países a favor, ninguno en contra, once abstenciones y cinco ausencias.

La resolución necesitaba 18 votos para ser aprobada.

Colombia estuvo entre los países que se abstuvieron, junto con Brasil y otros Estados de la región.

Los autores del informe consideran que ese resultado debilitó la presión diplomática para exigir transparencia electoral.

No obstante, Colombia no fue el único país que se abstuvo y el texto tampoco recibió los apoyos necesarios de otras delegaciones.

¿Por qué Colombia decidió abstenerse?

El Gobierno colombiano explicó oficialmente su decisión mediante un comunicado de la Cancillería publicado el 31 de julio de 2024.

En ese documento sostuvo que Venezuela había dejado de formar parte de la OEA desde 2019 y cuestionó que ese organismo fuera el espacio adecuado para abordar la crisis política del país vecino.

También manifestó reparos frente a actuaciones anteriores de la organización y defendió el respeto a la soberanía de los Estados.

Esta fue la justificación diplomática presentada por el Gobierno de Petro.

Por su parte, los investigadores del Miranda Center sostienen que la abstención tuvo consecuencias políticas al impedir que la resolución alcanzara la mayoría necesaria.

Las dos interpretaciones corresponden a planos diferentes: la Cancillería explicó los motivos de su voto y el estudio evalúa sus posibles efectos sobre la presión internacional.

Los observadores internacionales cuestionaron las elecciones venezolanas

La controversia diplomática se produjo después de que el Consejo Nacional Electoral venezolano anunciara la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Sin embargo, los resultados fueron cuestionados por organizaciones internacionales, gobiernos y sectores de la oposición venezolana.

El Centro Carter, una de las organizaciones que observaron el proceso, concluyó que las elecciones no cumplieron los estándares internacionales de integridad electoral y que no podían considerarse democráticas.

La organización señaló que no podía corroborar los resultados proclamados por el organismo electoral venezolano, debido a la falta de publicación de datos desglosados por mesa de votación.

Estas conclusiones constituyen uno de los principales antecedentes que explican las exigencias internacionales de transparencia durante aquel periodo.

La Paz Total y las negociaciones con el ELN

El informe también examina la relación entre la política venezolana del Gobierno Petro y sus negociaciones con organizaciones armadas ilegales.

Durante su administración, el Gobierno colombiano impulsó la política denominada Paz Total, que contemplaba procesos de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Venezuela desempeñó funciones de acompañamiento y garantía en las conversaciones entre las autoridades colombianas y esa guerrilla.

Según el Miranda Center, la importancia de Caracas para las negociaciones pudo influir en la decisión de Bogotá de mantener relaciones diplomáticas y evitar una confrontación directa con Maduro.

El estudio también menciona la presencia de integrantes del ELN en territorio venezolano, un fenómeno documentado en investigaciones sobre la seguridad fronteriza.

No obstante, la existencia de contactos diplomáticos relacionados con un proceso de paz no demuestra por sí misma que el Gobierno colombiano haya participado en irregularidades electorales venezolanas.

Los proyectos energéticos con Venezuela

Otro elemento señalado por la investigación corresponde a las conversaciones entre Colombia y Venezuela sobre cooperación energética.

Durante el Gobierno Petro se plantearon iniciativas relacionadas con el suministro de gas, la infraestructura energética y posibles acuerdos entre Ecopetrol y Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El Miranda Center considera que estos intereses económicos ayudaron a explicar la disposición del Ejecutivo colombiano para conservar una relación funcional con Caracas.

En particular, el estudio recuerda las conversaciones anunciadas en noviembre de 2023 sobre posibles proyectos conjuntos entre empresas energéticas de ambos países.

Sin embargo, una negociación comercial o la propuesta de cooperación energética no constituyen, por sí solas, pruebas de participación en un fraude electoral.

Para establecer responsabilidades concretas se requerirían evidencias adicionales que demostraran una intervención deliberada en las irregularidades denunciadas.

Colombia tampoco reconoció formalmente la reelección de Maduro

El informe reconoce una circunstancia importante: Gustavo Petro no otorgó un reconocimiento formal e inequívoco a la victoria electoral anunciada por Maduro.

Además, Colombia participó junto con Brasil y México en iniciativas diplomáticas que solicitaron información detallada y mecanismos de verificación de los resultados.

Los tres gobiernos emitieron comunicados en agosto de 2024 para promover una salida institucional a la controversia.

Los autores del estudio consideran que esas gestiones resultaron insuficientes y permitieron prolongar la situación.

Sin embargo, la existencia de esos pronunciamientos también demuestra que la postura colombiana no consistió simplemente en aceptar públicamente y sin reservas los resultados proclamados por las autoridades venezolanas.

Por ello, resulta necesario diferenciar el reconocimiento oficial de una elección, la mediación diplomática y los efectos que investigadores independientes atribuyen a dichas decisiones.

¿Se ha demostrado que Petro participó en el fraude?

El informe presenta una evaluación crítica de la política exterior colombiana, pero no acredita una participación directa del expresidente en la alteración de actas, el conteo de votos o las decisiones del organismo electoral venezolano.

La expresión utilizada por sus autores para describir el papel de Colombia se refiere a un supuesto favorecimiento diplomático y político.

Esto significa que la investigación cuestiona las consecuencias de las decisiones del Gobierno Petro, no que haya establecido judicialmente su responsabilidad en la organización de un fraude.

La controversia debe analizarse distinguiendo las irregularidades identificadas por observadores electorales, las acciones documentadas de la diplomacia colombiana y las conclusiones formuladas por el centro de investigación.

Un nuevo debate sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela

El informe surge en un momento de cambios en las relaciones políticas y diplomáticas de ambos países.

La discusión plantea preguntas sobre cómo deben actuar los gobiernos cuando sus intereses de seguridad, económicos o de negociación interna coinciden con una crisis política en un país vecino.

También pone de relieve las dificultades para equilibrar la cooperación fronteriza con la defensa de la transparencia electoral y los derechos democráticos.

Por ahora, el documento del Miranda Center for Democracy constituye un nuevo elemento para analizar las decisiones de política exterior adoptadas por el Gobierno de Gustavo Petro entre 2022 y 2026.

Sus conclusiones han generado cuestionamientos sobre el papel de Colombia durante la crisis venezolana, aunque no deben confundirse con una determinación judicial de responsabilidad personal del expresidente.

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