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Guerra entre el ELN y el Clan del Golfo obliga a desplazar a una comunidad indígena en Chocó

09 de noviembre de 2026
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La comunidad emberá dobidá de Villa Nueva, en el municipio de Nuquí, tuvo que abandonar su territorio después de permanecer ocho días confinada por la presencia de grupos armados. La Defensoría del Pueblo alertó sobre una emergencia humanitaria que afecta a cerca de 500 indígenas, entre ellos niños, mujeres y adultos mayores.

La confrontación territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo continúa generando graves consecuencias humanitarias en el departamento del Chocó. Una comunidad indígena ubicada en zona rural de Nuquí se vio obligada a abandonar sus viviendas ante el temor de nuevos ataques y el deterioro de las condiciones de seguridad.

Los hechos afectaron a la comunidad emberá dobidá de Villa Nueva, en el sector de Jurubidá, cuyos habitantes permanecieron durante ocho días confinados, sin poder desarrollar normalmente sus actividades de subsistencia ni comunicarse con las autoridades para solicitar ayuda.

El desplazamiento ocurrió durante la tarde del domingo 1 de noviembre de 2026, cuando las familias utilizaron canoas para salir del territorio y buscar refugio en la comunidad afrodescendiente de Jurubirá.

Una investigación publicada por El Espectador el 8 de noviembre documentó la salida de 258 indígenas, mientras que la Defensoría del Pueblo había advertido previamente que la emergencia humanitaria involucraba aproximadamente a 500 personas.

La diferencia entre ambas cifras responde a los distintos balances y grupos poblacionales reportados durante la emergencia, por lo que resulta necesario mantener la información atribuida a cada fuente.

Ocho días de confinamiento antes del desplazamiento

Antes de abandonar sus hogares, los habitantes de Villa Nueva permanecieron cerca de ocho días bajo restricciones impuestas por la situación de violencia.

Durante ese periodo, las familias enfrentaron dificultades para movilizarse, conseguir alimentos y realizar actividades tradicionales como la pesca.

La presencia de organizaciones armadas ilegales también limitó las posibilidades de comunicación con otras comunidades y con las instituciones encargadas de brindar protección.

Para el pueblo emberá dobidá, los ríos representan una parte fundamental de su vida cotidiana, ya que permiten el transporte, la obtención de alimentos y la conexión entre asentamientos.

Sin embargo, ante el riesgo de nuevos enfrentamientos, las mismas vías fluviales se convirtieron en la principal alternativa para abandonar sus territorios.

Las familias emprendieron el desplazamiento con las pertenencias que pudieron transportar, en busca de un lugar donde permanecer temporalmente mientras mejoran las condiciones de seguridad.

El asesinato de dos indígenas agravó la emergencia

La situación de violencia se intensificó después de que se conociera el asesinato de dos integrantes de la comunidad.

Según los reportes de las autoridades y la Defensoría del Pueblo, las víctimas fueron identificadas como Ramiro Forastero, reconocido líder indígena, y su hijo Elmer.

Ambos habían sido secuestrados el 24 de octubre y posteriormente fueron encontrados sin vida.

El caso incrementó el temor de los habitantes de Villa Nueva y se convirtió en uno de los antecedentes inmediatos del desplazamiento masivo.

La Defensoría también recibió información sobre el presunto secuestro de una tercera persona en el mismo sector.

Las autoridades deberán establecer las responsabilidades individuales por estos hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrieron.

La disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo constituye el contexto de riesgo identificado por los organismos de protección, aunque las responsabilidades penales específicas deben ser esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes.

Cerca de 500 indígenas necesitan atención humanitaria

El 1 de noviembre, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que expresó preocupación por el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 habitantes de Villa Nueva.

Entre las personas afectadas se encuentran niños, niñas, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales de la comunidad.

De acuerdo con la entidad, los desplazados llegaron temporalmente a Jurubirá, una comunidad afrodescendiente que comenzó a recibir a las familias en medio de la emergencia.

No obstante, los afectados todavía enfrentaban dificultades para completar su traslado hacia la cabecera municipal de Nuquí.

La situación generó necesidades urgentes relacionadas con la alimentación, el acceso al agua potable, la atención médica y las condiciones de alojamiento temporal.

La Defensoría solicitó que la respuesta institucional tenga en cuenta las particularidades culturales de la población indígena y garantice condiciones dignas de atención.

Puerto Indio también enfrenta riesgo de desplazamiento

La emergencia humanitaria podría extenderse hacia otras comunidades del municipio.

La Defensoría advirtió que Puerto Indio, una población integrada por aproximadamente 300 habitantes, también estaba evaluando la posibilidad de abandonar su territorio debido al deterioro de las condiciones de seguridad.

El organismo señaló que esta situación requiere medidas preventivas para evitar que nuevas familias sean obligadas a desplazarse.

La disputa entre organizaciones armadas ilegales representa una amenaza para las comunidades rurales que dependen de los ríos y de sus territorios ancestrales para desarrollar sus actividades cotidianas.

Ante este panorama, la entidad pidió fortalecer las acciones de protección y garantizar una respuesta coordinada entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Defensoría había advertido sobre el riesgo en la región

La emergencia en Villa Nueva ocurrió después de que la Defensoría del Pueblo alertara sobre el agravamiento de la situación de seguridad en esta zona del Chocó.

La entidad recordó que el riesgo estaba relacionado con la Alerta Temprana 009 de 2024, que identificó amenazas contra diferentes comunidades por la presencia y confrontación de organizaciones armadas ilegales.

Dos días antes del desplazamiento, el organismo había emitido una comunicación sobre la materialización de los riesgos advertidos, a raíz de los homicidios y el presunto secuestro reportados en Villa Nueva.

La Defensoría señaló que la disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo está poniendo en peligro los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas y afrodescendientes.

Las advertencias evidencian la necesidad de adoptar medidas de prevención antes de que las comunidades se vean obligadas a abandonar sus viviendas.

Solicitan alimentos, atención médica y transporte seguro

Entre las principales solicitudes de la Defensoría se encuentra garantizar asistencia humanitaria inmediata para las familias desplazadas.

La entidad pidió coordinar la entrega de alimentos, agua potable y servicios de salud, además de establecer espacios de alojamiento adecuados para quienes abandonaron sus hogares.

También solicitó facilitar medios de transporte fluvial que permitan movilizar a las personas de manera segura cuando las condiciones de navegación y orden público lo permitan.

Otra de las recomendaciones consiste en activar las rutas institucionales de atención a víctimas del desplazamiento forzado, en coordinación con las autoridades indígenas y las comunidades receptoras.

La respuesta humanitaria debe contemplar las necesidades específicas de niños, adultos mayores y personas que requieren acompañamiento especializado.

El desplazamiento amenaza la vida comunitaria y los territorios ancestrales

Más allá de la pérdida temporal de sus viviendas, el desplazamiento representa una afectación a las prácticas culturales y económicas del pueblo emberá dobidá.

Las comunidades indígenas del Chocó mantienen una relación estrecha con sus territorios, donde desarrollan actividades tradicionales relacionadas con la pesca, la agricultura y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Cuando las familias deben abandonar estos espacios, también enfrentan dificultades para mantener sus formas de organización social y transmitir sus conocimientos culturales.

Por esta razón, las medidas de atención no deben limitarse a resolver las necesidades inmediatas, sino que también requieren garantizar condiciones de protección y promover alternativas para un eventual retorno seguro.

El regreso a los territorios debe depender de que existan garantías reales de seguridad y de que las comunidades puedan tomar decisiones sin presiones.

Chocó enfrenta una nueva emergencia por el conflicto armado

El desplazamiento de la comunidad de Villa Nueva vuelve a poner de manifiesto las consecuencias que la confrontación entre organizaciones armadas ilegales tiene sobre la población civil.

La disputa entre el ELN y el Clan del Golfo ha generado amenazas, restricciones de movilidad y riesgos para comunidades que habitan en zonas rurales y de difícil acceso.

En el caso de Nuquí, la situación obligó a familias indígenas a utilizar los ríos para escapar de la violencia después de varios días de confinamiento.

Mientras las autoridades continúan las labores de verificación y acompañamiento, persiste la necesidad de garantizar ayuda humanitaria y prevenir nuevos desplazamientos en las comunidades cercanas.

La Defensoría del Pueblo mantiene el seguimiento de la emergencia y ha solicitado una intervención coordinada que permita proteger los derechos de las familias afectadas.

Por ahora, la prioridad es garantizar la seguridad de las personas desplazadas, atender sus necesidades básicas y establecer condiciones que permitan recuperar sus proyectos de vida sin la amenaza de los grupos armados.

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