De La Espriella anuncia medidas para enfrentar la crisis de la salud: estas son las prioridades de su Gobierno

El presidente Abelardo De La Espriella anunció nuevas medidas para enfrentar la crisis financiera del sistema de salud colombiano, con un plan de choque orientado a revisar las deudas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), mejorar el flujo de recursos hacia hospitales y clínicas y garantizar que los pacientes reciban oportunamente los servicios que necesitan.

Durante una visita al Ministerio de Salud y Protección Social, en la que se reunió con la ministra Ana María Vesga, el mandatario señaló que su administración buscará estabilizar las finanzas del sector, revisar los mecanismos de financiación y establecer criterios técnicos y verificables para calcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

El presidente reconoció la compleja situación económica que enfrenta el sistema y aseguró que las primeras acciones estarán dirigidas a resolver las dificultades de acceso a los servicios médicos, especialmente las relacionadas con la entrega de medicamentos, las citas con especialistas y los procedimientos pendientes.

“Tenemos que diseñar y poner en marcha cuanto antes un plan de choque para la estabilización financiera del sistema, partiendo de la definición clara de las deudas con cada una de las EPS”, afirmó De La Espriella.

Gobierno revisará las deudas del sistema de salud

Uno de los principales puntos anunciados por el mandatario es la revisión de las obligaciones financieras que las EPS mantienen con hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y otros prestadores de servicios de salud.

Según las cifras expuestas por De La Espriella, las deudas del sector alcanzarían los 30 billones de pesos, aunque advirtió que el monto podría ser superior. El Gobierno pretende establecer con mayor precisión las obligaciones pendientes y determinar cómo mejorar el flujo de recursos hacia las instituciones que atienden a los pacientes.

El presidente también se refirió a la situación de las EPS intervenidas durante la administración anterior. De acuerdo con los datos presentados en su intervención, siete entidades intervenidas durante ese periodo concentran más de 21,3 millones de afiliados.

Frente a este panorama, insistió en que los recursos deben llegar de manera oportuna a los prestadores para evitar que las dificultades financieras terminen afectando la atención médica.

“Cuando el dinero deja de llegar, quien termina pagando las consecuencias de esa falta de plata son los pacientes y ese es un lujo que no nos podemos permitir”, expresó.

La administración plantea que la recuperación financiera debe acompañarse de controles sobre el uso de los recursos y de mecanismos que permitan verificar que los pagos se traduzcan en servicios efectivos para los usuarios.

La UPC deberá calcularse con criterios técnicos

Otro de los temas centrales de la intervención fue la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el mecanismo mediante el cual se financia una parte fundamental de los servicios y tecnologías de salud incluidos en el sistema.

De La Espriella sostuvo que el cálculo de este valor debe basarse en información verificable sobre los costos reales de la atención y no en consideraciones políticas o ideológicas.

“El valor de la UPC no puede definirse con criterios políticos ni utilizarse como argumento ideológico en las discusiones entre el Gobierno y las EPS”, manifestó.

El mandatario también hizo referencia a decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con la suficiencia de la UPC para las vigencias de 2021 a 2024. Según su exposición, el alto tribunal señaló dificultades en la demostración técnica de la suficiencia de esos recursos y en la calidad de la información utilizada para calcularlos.

Ante este escenario, el Gobierno se comprometió a procurar que la definición de la UPC sea transparente y cuente con fundamentos técnicos que permitan establecer cuánto cuesta atender adecuadamente a los pacientes.

La discusión sobre este mecanismo es relevante porque los recursos asignados influyen en la capacidad financiera de las EPS y en el pago de los servicios prestados por hospitales, clínicas y proveedores.

El presidente insistió en que las decisiones relacionadas con la financiación, el aseguramiento, los medicamentos y la prestación de los servicios deben evaluarse de acuerdo con sus resultados para los usuarios.

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¿Qué pasará con las EPS durante el Gobierno de De La Espriella?

El mandatario también expuso los criterios que, según anunció, orientarán las decisiones de su administración frente a las Entidades Promotoras de Salud.

De La Espriella afirmó que las EPS no serán consideradas problemáticas únicamente por ser privadas, pero advirtió que ninguna entidad estará exenta de controles cuando incumpla sus obligaciones o no garantice la atención de sus afiliados.

“Las EPS no son enemigas, pero las malas EPS no son intocables”, sostuvo.

Según el presidente, las entidades que sean financieramente viables, estén bien administradas y respondan por sus usuarios tendrán la posibilidad de continuar operando bajo las condiciones correspondientes.

En los casos en que se identifiquen problemas que puedan corregirse, el Gobierno contempla exigir planes de recuperación para mejorar su funcionamiento. En cambio, aquellas entidades que resulten inviables, administren de manera irresponsable los recursos o no puedan garantizar la atención podrían ser intervenidas, reorganizadas o sustituidas.

El mandatario afirmó que cualquier decisión deberá priorizar la protección de los afiliados y evitar que las intervenciones se conviertan en instrumentos de persecución o confrontación política.

De esta manera, el Gobierno plantea evaluar el funcionamiento de las EPS según su situación financiera, el cumplimiento de sus obligaciones y su capacidad para responder a las necesidades de los pacientes.

Más de un millón de pacientes esperan medicamentos o procedimientos

Además de los asuntos financieros, De La Espriella señaló que la prioridad inmediata será atender a las personas que tienen dificultades para acceder a los servicios médicos.

El presidente afirmó que más de un millón de pacientes tienen medicamentos o procedimientos pendientes y calificó la situación como inaceptable.

“La prioridad del Ministerio debe ser resolver ese represamiento”, indicó.

Para hacer seguimiento a los avances, el mandatario aseguró que acordó con la ministra Ana María Vesga establecer un mecanismo de verificación semanal que permita medir la reducción de las demoras en la entrega de medicamentos, la asignación de citas con especialistas y la realización de procedimientos y cirugías.

El propósito anunciado es comprobar que las soluciones lleguen efectivamente a los pacientes, en lugar de limitarse al registro o cierre administrativo de las solicitudes.

El presidente reconoció que el Gobierno enfrenta dificultades financieras, pero sostuvo que esa situación no elimina la responsabilidad de responder a las necesidades de quienes requieren atención médica.

También señaló que la cobertura del sistema, cercana al 99 %, debe protegerse. Sin embargo, advirtió que estar afiliado no significa necesariamente recibir los servicios de manera oportuna.

“Hoy demasiados compatriotas tienen carné, pero enfrentan dificultades para recibir sus medicamentos, conseguir una cita con un especialista o acceder oportunamente a un procedimiento”, afirmó.

Por ello, sostuvo que uno de los principales indicadores para evaluar el desempeño del sistema será comprobar si las personas que necesitan atención médica efectivamente la reciben.

Gobierno promete priorizar la atención en las regiones

Durante su intervención, De La Espriella insistió en que la recuperación del sistema requiere tanto ordenar las finanzas como mejorar la prestación de los servicios, con especial atención a las dificultades que enfrentan los usuarios en las regiones.

El mandatario afirmó que las decisiones deberán responder a criterios técnicos y estar orientadas a resolver las necesidades de los pacientes, independientemente de las diferencias políticas o de la naturaleza pública o privada de las instituciones.

“La salud no tiene color político”, reiteró.

La estrategia anunciada contempla revisar las deudas de las EPS, mejorar la gestión de los recursos, establecer criterios verificables para calcular la UPC y hacer seguimiento a los pacientes que esperan medicamentos, consultas, procedimientos y cirugías.

Aunque el Gobierno presentó estas medidas como parte de su respuesta a la crisis, su alcance dependerá de la ejecución de los planes, la disponibilidad de recursos y los resultados que se obtengan en la atención de los usuarios.

El presidente concluyó que la recuperación del sistema exigirá ordenar las finanzas y mejorar la gestión de las entidades, pero insistió en que la prioridad inmediata debe ser resolver las necesidades de quienes esperan atención médica.

“Un país sin salud es un país que no tiene futuro”, concluyó.

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