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Abogado de Deicy Jiménez renunció tras denunciar amenazas de muerte: aplazan declaración ante la Fiscalía

03 de noviembre de 2026
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El abogado Andrés Felipe Caballero confirmó que dejó de representar judicialmente a Deicy Jiménez después de recibir amenazas de muerte, según informó Caracol Radio. La decisión provocó el aplazamiento de la declaración que la mujer tenía prevista ante la Fiscalía General de la Nación este martes 3 de noviembre, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades contractuales durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La investigación por los presuntos contratos estatales que habrían sido ofrecidos a cambio de favores sexuales durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo episodio, luego de que se conociera la renuncia del abogado de Deicy Jiménez, una de las principales denunciantes del caso.

Andrés Felipe Caballero, quien asumía la representación judicial de Jiménez, confirmó que decidió apartarse del proceso debido a preocupaciones por su seguridad personal.

En un primer momento, el abogado explicó que su determinación estaba relacionada con motivos de seguridad, sin precisar si había recibido amenazas directas.

Sin embargo, en una actualización publicada durante la tarde del martes 3 de noviembre, Caracol Radio informó que Caballero reconoció haber recibido amenazas de muerte, circunstancia que motivó su renuncia.

La decisión tuvo una consecuencia inmediata: la declaración que Deicy Jiménez debía rendir ante la Fiscalía fue aplazada mientras se define una nueva fecha para la diligencia.

Abogado de Deicy Jiménez confirmó amenazas de muerte

Andrés Felipe Caballero había asumido la representación judicial de Deicy Jiménez en medio de la controversia generada por las denuncias sobre posibles irregularidades en contratos de entidades del Estado.

El abogado había manifestado públicamente su intención de acompañar a la denunciante durante las actuaciones judiciales y contribuir a que pudiera presentar la información que considera relevante para las investigaciones.

No obstante, este martes confirmó que no continuaría con esa labor debido a situaciones que, según explicó, comprometían su seguridad.

Posteriormente, el jurista reconoció haber recibido amenazas de muerte.

Hasta el momento, la información pública no permite establecer quiénes serían los responsables de esas amenazas ni si existe alguna relación demostrada entre sus autores y las personas mencionadas en las denuncias de Jiménez.

El caso plantea la necesidad de verificar las circunstancias de las intimidaciones denunciadas y garantizar condiciones de seguridad para quienes participan en las actuaciones judiciales.

Fiscalía aplazó la declaración de Deicy Jiménez

La diligencia de Deicy Jiménez estaba prevista para este martes 3 de noviembre de 2026 ante la Fiscalía General de la Nación.

Durante la comparecencia, la denunciante debía ampliar la información relacionada con presuntas irregularidades contractuales en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y otras entidades estatales.

Sin embargo, la renuncia de su representante judicial llevó a solicitar el aplazamiento de la diligencia.

De acuerdo con Caracol Radio y Blu Radio, las autoridades trabajan en definir una nueva fecha para escuchar su testimonio, una vez pueda contar con otra representación judicial.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente cuándo se realizará la nueva comparecencia.

El aplazamiento no significa que la investigación haya sido archivada o suspendida definitivamente, sino que una de las diligencias previstas deberá desarrollarse posteriormente.

¿Qué denunció Deicy Jiménez sobre los contratos estatales?

Deicy Jiménez adquirió notoriedad pública después de realizar declaraciones sobre supuestos ofrecimientos de contratos de prestación de servicios en entidades estatales a cambio de favores sexuales.

Sus señalamientos están relacionados con actuaciones que, según su versión, habrían ocurrido durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Las denuncias motivaron el interés de las autoridades judiciales por revisar los contratos mencionados y establecer si existieron irregularidades en los procedimientos de vinculación y contratación.

Entre los aspectos que deben esclarecerse se encuentran las circunstancias en las que se suscribieron los contratos, las personas que participaron en las decisiones administrativas y la posible existencia de conductas contrarias a la ley.

Es importante precisar que las afirmaciones de la denunciante forman parte de un proceso de investigación y todavía no constituyen hechos judicialmente demostrados.

Gustavo Petro ha rechazado públicamente las acusaciones sobre una supuesta entrega de contratos a cambio de favores sexuales.

Seguridad de la denunciante y su defensa genera preocupación

La renuncia de Caballero pone nuevamente sobre la mesa la importancia de proteger a las personas que participan en investigaciones judiciales relacionadas con denuncias de posible corrupción o abuso de poder.

En estos procedimientos, la seguridad de los denunciantes, testigos y abogados resulta fundamental para que las autoridades puedan recibir testimonios y examinar las pruebas sin interferencias indebidas.

El propio abogado solicitó que se garantice la protección de Deicy Jiménez para que pueda comparecer ante la justicia en condiciones adecuadas.

Por ahora, no se ha informado públicamente sobre la identificación de los presuntos responsables de las amenazas denunciadas por Caballero.

Tampoco se conoce una decisión oficial que permita establecer si existe una conexión entre esas intimidaciones y alguna persona investigada.

Cualquier eventual responsabilidad deberá ser determinada mediante las actuaciones correspondientes.

¿Qué sigue en la investigación por los presuntos contratos irregulares?

La Fiscalía deberá coordinar una nueva fecha para recibir la declaración de Deicy Jiménez y continuar recopilando información sobre los contratos que forman parte de las denuncias.

También será necesario revisar la documentación contractual, contrastar los testimonios y establecer si existen elementos suficientes para avanzar hacia otras etapas procesales.

La investigación deberá desarrollarse respetando los derechos de las personas involucradas, incluida la presunción de inocencia y el debido proceso.

Mientras tanto, la renuncia de Andrés Felipe Caballero y su denuncia de amenazas de muerte introducen una nueva preocupación alrededor del caso: la necesidad de garantizar que quienes aportan información a la justicia puedan hacerlo sin intimidaciones.

Por ahora, las actuaciones continúan abiertas y las autoridades deberán determinar tanto la veracidad de las denuncias contractuales como las circunstancias de las amenazas reportadas por el abogado.

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