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Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, deberá ir a prisión por decisión judicial

30 de octubre de 2026
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Un juez de segunda instancia revocó la detención domiciliaria de Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario. El proceso está relacionado con presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Vista aérea de la sede del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en Medellín, entidad relacionada con la investigación contra Miguel Quintero.
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Sede del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad cuyos contratos con los Bomberos Voluntarios de Itagüí son objeto de una investigación por presuntas irregularidades. Fotografía de archivo: Marzul90 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Un nuevo giro se produjo este viernes 30 de octubre de 2026 en el proceso judicial contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, luego de que un juez ordenara que la medida de aseguramiento que cumple por presuntos hechos de corrupción se haga efectiva en un centro penitenciario.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, que resolvió en segunda instancia los recursos presentados contra la detención domiciliaria concedida al investigado a comienzos de octubre.

Quintero es investigado por su presunta participación en irregularidades relacionadas con contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

El fallo modifica el lugar donde deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso penal, pero no constituye una declaración de culpabilidad.

Juez revocó la detención domiciliaria de Miguel Quintero

El pasado 2 de octubre, el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín había impuesto a Quintero una medida de aseguramiento que le permitía permanecer detenido en su residencia.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, la representación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Ministerio Público cuestionaron esa determinación mediante recursos de apelación.

Tras estudiar los argumentos, el juez de segunda instancia decidió modificar la medida y ordenar que la detención preventiva se cumpla en un establecimiento carcelario.

El despacho también dispuso la expedición de la correspondiente boleta de encarcelación para que las autoridades competentes, incluido el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), adelanten el procedimiento.

Aunque la orden judicial establece su traslado a prisión, la información conocida sobre el fallo no permite precisar el establecimiento al que será enviado ni confirmar que el traslado ya se haya ejecutado.

Investigan presuntas irregularidades en contratos con Bomberos de Itagüí

El proceso está relacionado con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante los años 2020 y 2021.

Estos acuerdos contemplaban actividades de atención de emergencias, gestión del riesgo, programas ambientales y fortalecimiento de las capacidades operativas de los organismos de socorro.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los contratos habrían presentado sobrecostos y pagos sin los soportes correspondientes, lo que habría ocasionado un presunto detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos.

El ente acusador sostiene que Miguel Quintero habría intervenido en el direccionamiento de los procesos contractuales y en el manejo de recursos, a pesar de no ocupar formalmente un cargo dentro del Área Metropolitana.

Por estos hechos, enfrenta imputaciones por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Las responsabilidades individuales deberán establecerse durante las etapas correspondientes del proceso penal.

Fachada del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo, ubicado en el sector de La Alpujarra, en Medellín.
Fachada del Palacio de Justicia de Medellín. Un juez de segunda instancia ordenó que Miguel Andrés Quintero Calle cumpla su medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario. Imagen de archivo: Felipe Restrepo Acosta / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

¿Por qué la Fiscalía solicitó enviarlo a prisión?

La Fiscalía y los demás recurrentes consideraron necesario que la medida preventiva se cumpliera en un establecimiento penitenciario y no en la residencia del procesado.

Durante las audiencias anteriores, el ente investigador había expuesto argumentos relacionados con el riesgo de posibles interferencias en las investigaciones y otras circunstancias que, según su posición, justificaban una medida de mayor restricción.

El juez de primera instancia había optado por la detención domiciliaria. No obstante, el despacho que estudió la apelación determinó que la privación de la libertad debía cumplirse en un centro carcelario.

La decisión se fundamenta en las disposiciones del Código de Procedimiento Penal colombiano sobre medidas de aseguramiento preventivas.

Es importante precisar que este tipo de determinaciones busca atender necesidades procesales mientras continúa la investigación y no representa una sentencia condenatoria.

¿Qué pasó con los otros investigados?

El proceso también involucra a otras personas relacionadas con las presuntas irregularidades en los contratos del Área Metropolitana.

Entre ellas se encuentra Sebastián de Dios Ortega Urán, quien también había sido mencionado dentro de la investigación.

En la decisión del 30 de octubre, el juzgado mantuvo las medidas no privativas de la libertad que le habían sido impuestas.

Estas incluyen restricciones relacionadas con su participación en procesos de contratación pública y la comunicación con otras personas vinculadas al expediente.

Por lo tanto, la nueva orden de detención carcelaria se aplica específicamente a Miguel Andrés Quintero Calle.

Reacciones a la decisión judicial

Tras conocerse la determinación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció públicamente a favor de la revocatoria de la detención domiciliaria.

El mandatario había expresado anteriormente su desacuerdo con que Quintero permaneciera en su residencia mientras avanzaba el proceso penal.

También formuló señalamientos políticos sobre las presuntas irregularidades investigadas.

Sin embargo, esas declaraciones corresponden a la posición pública del alcalde y no constituyen conclusiones judiciales sobre la responsabilidad penal de los involucrados.

Por su parte, Daniel Quintero ha expresado respaldo a su hermano y ha cuestionado públicamente aspectos del proceso.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Con la decisión de segunda instancia, las autoridades deberán adelantar las actuaciones correspondientes para hacer efectiva la detención preventiva de Miguel Andrés Quintero Calle en un establecimiento penitenciario.

Mientras tanto, la investigación por las presuntas irregularidades contractuales continuará su curso.

El expediente deberá avanzar por las etapas procesales correspondientes hasta que las autoridades judiciales determinen si existen responsabilidades penales.

La orden de prisión representa un cambio importante en las condiciones de detención del investigado, pero no modifica su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.

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