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Tribunal de Bogotá revoca tutela que limitaba bombardeos militares por riesgo para menores

28 de octubre de 2026
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La decisión judicial deja sin efecto una medida provisional relacionada con las operaciones aéreas contra grupos armados ilegales. Sin embargo, las Fuerzas Militares deberán actuar conforme a los principios del Derecho Internacional Humanitario.

Vehículo de combate observado durante operaciones militares.
Las operaciones militares deben desarrollarse dentro del marco constitucional y del Derecho Internacional Humanitario.

El Tribunal explicó por qué revocó la tutela

La Sala de Familia consideró que la acción judicial no cumplía con los requisitos procesales necesarios para estudiar las solicitudes. Entre sus argumentos, señaló que no se identificaron menores específicos ni operaciones militares concretas que permitieran establecer una amenaza inminente.

Además, indicó que las solicitudes de alcance colectivo y estructural deben presentarse mediante los mecanismos judiciales correspondientes. El Tribunal también tuvo en cuenta que el plazo para adoptar el Plan Nacional de Prevención del Reclutamiento de Menores se extiende hasta julio de 2027, según la Ley 2590 de 2026.

¿Qué cambia para las operaciones militares?

Con la revocatoria, quedan sin efecto las restricciones adicionales que se habían establecido mediante la tutela. Esto permite que las Fuerzas Militares continúen planeando y ejecutando operaciones aéreas dentro del marco constitucional y legal.

No obstante, las autoridades deben respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución contemplados en el Derecho Internacional Humanitario. Estas normas son relevantes para la protección de la población civil y de los menores de edad que puedan encontrarse en zonas de conflicto.

El Gobierno Nacional, por su parte, defendió la importancia de las capacidades aéreas para combatir a los grupos armados ilegales, proteger a las comunidades y realizar labores de abastecimiento y evacuación médica en regiones apartadas.

La decisión del Tribunal se centró en la procedencia de la tutela y sus requisitos procesales, por lo que no representó un pronunciamiento de fondo sobre todas las solicitudes relacionadas con la protección de menores durante los bombardeos.

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