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Petro niega acusaciones por presuntos ‘sexocontratos’: investigan diez vinculaciones de Deicy Jiménez con el Estado

12 de noviembre de 2026
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Las denuncias de Deicy Jiménez sobre supuestos intercambios de favores sexuales por contratos públicos continúan generando investigaciones. Gustavo Petro rechazó los señalamientos, mientras la Corte Suprema revisa documentos de contratación en el Senado y citó a una funcionaria para aclarar una posible obstrucción a una diligencia judicial.

La controversia que involucra al expresidente Gustavo Petro y a Deicy Jiménez sumó nuevos capítulos este 12 de noviembre de 2026, después de que el exmandatario reiterara que nunca condicionó contratos estatales a encuentros sexuales.

El pronunciamiento se produjo en medio de investigaciones sobre las vinculaciones laborales de Jiménez con diferentes entidades públicas y de actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias en que se suscribieron esos contratos.

Según una investigación publicada por El Colombiano, la mujer, de 26 años, sostiene que conoció a Petro en 2019, cuando era senador, y que posteriormente obtuvo oportunidades de contratación pública relacionadas, según su denuncia, con la relación personal que mantenían.

El exmandatario rechaza esa versión y afirma que las mujeres vinculadas a entidades públicas durante su Gobierno fueron contratadas por sus capacidades profesionales.

La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia adelantan actuaciones relacionadas con las denuncias y los procesos contractuales señalados.

¿Qué denunció Deicy Jiménez?

Jiménez aseguró públicamente que habría recibido contratos con entidades del Estado a cambio de mantener encuentros de carácter sexual con Gustavo Petro.

La denunciante sostiene que su relación con el exmandatario comenzó años antes de que él asumiera la Presidencia, en agosto de 2022.

Sus señalamientos dieron lugar a solicitudes de investigación sobre posibles irregularidades en la contratación pública y la eventual intervención de funcionarios para favorecer vinculaciones laborales.

Sin embargo, es necesario diferenciar la existencia de contratos públicos de la acusación sobre las razones por las que fueron otorgados.

Los documentos contractuales permiten establecer fechas, entidades, objetos y valores de los acuerdos. Por sí solos, no demuestran que hayan sido concedidos como contraprestación por encuentros sexuales.

Petro rechaza haber intercambiado contratos por favores sexuales

En un pronunciamiento difundido mediante su cuenta de X, Gustavo Petro negó haber utilizado su posición para conseguir favores sexuales mediante contratos estatales.

El exmandatario también aseguró que no sostuvo encuentros con Deicy Jiménez durante su periodo como presidente de la República, entre 2022 y 2026.

Esta afirmación forma parte de su respuesta a las acusaciones de la denunciante.

La existencia de una relación personal entre ambos no permite concluir automáticamente que hubo una intervención irregular en los procedimientos de contratación.

Del mismo modo, que Petro niegue los señalamientos no sustituye las verificaciones documentales y judiciales necesarias para esclarecerlos.

Identifican diez contratos de Deicy Jiménez con entidades públicas

Uno de los elementos centrales de la controversia son los registros de contratación relacionados con Jiménez.

De acuerdo con una investigación de El País y reportes de Noticias RCN, se identificaron diez contratos suscritos entre 2021 y 2026.

La distribución reportada es la siguiente:

  • Siete contratos con el Senado de la República.
  • Dos contratos con el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, adscrito al Ministerio del Interior.
  • Un contrato con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

El País calculó un valor conjunto aproximado de 134 millones de pesos para las diez vinculaciones.

Varios de estos contratos fueron celebrados durante el Gobierno de Gustavo Petro, aunque los primeros se remontan a su etapa como senador.

Los registros constituyen un punto de partida para las investigaciones, pero las autoridades deberán determinar cómo se desarrollaron los procesos de selección, qué funciones cumplió la contratista y si existieron posibles interferencias.

Un mensaje sobre su continuidad laboral está bajo atención

Entre los elementos divulgados por los medios aparece una conversación atribuida a Petro y a Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Según los reportes periodísticos, en esa conversación el expresidente habría solicitado que se mantuviera la vinculación de Jiménez con el Ministerio del Interior.

La contratación de la joven en esa cartera se ha convertido en uno de los puntos examinados por la prensa y las autoridades.

No obstante, será necesario determinar el contexto completo de las comunicaciones y establecer si existió alguna instrucción que vulnerara las reglas de contratación pública.

Una solicitud de continuidad laboral no prueba, por sí sola, el intercambio de contratos por relaciones sexuales denunciado por Jiménez.

Corte Suprema revisa documentos del Senado

La Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección a las dependencias administrativas del Senado para obtener documentos relacionados con los contratos de Deicy Jiménez.

La diligencia fue realizada el 5 de noviembre.

Posteriormente, el alto tribunal abrió un incidente de medida correctiva contra Astrid Salamanca, directora administrativa del Senado, para determinar si se presentaron obstáculos durante la actuación judicial.

Salamanca fue citada para el 17 de noviembre, fecha en la que deberá entregar las explicaciones correspondientes.

Según una investigación de Cambio, la funcionaria aparece en documentos relacionados con la firma o aprobación de algunas de las contrataciones de Jiménez entre 2021 y 2023.

Sin embargo, la apertura del incidente no constituye una sanción ni demuestra que Salamanca haya obstaculizado deliberadamente la diligencia.

Canal 1 también informó que fuentes cercanas al Congreso sostienen que los investigadores recibieron la documentación solicitada, una versión que deberá valorarse dentro de la actuación correspondiente.

Fiscalía también adelanta actuaciones

El caso llegó a la Fiscalía General de la Nación, que abrió una noticia criminal para examinar los señalamientos sobre presuntas irregularidades contractuales.

En noviembre, Deicy Jiménez acudió a diligencias relacionadas con la investigación.

La Fiscalía busca recopilar información que permita determinar si existieron conductas penalmente relevantes y quiénes podrían haber intervenido.

La apertura de una noticia criminal no equivale a una imputación de cargos ni a una declaración de culpabilidad.

Las investigaciones deberán establecer los hechos a partir de documentos, testimonios y demás pruebas legalmente obtenidas.

Otra controversia involucra a Angie Rodríguez

En paralelo, el expresidente enfrenta una disputa económica con Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre.

Rodríguez asegura que asumió gastos personales del entonces mandatario por una suma superior a 200 millones de pesos.

Petro reconoció que su antigua colaboradora cubrió determinados gastos y publicó un comprobante de consignación por 120 millones de pesos para respaldar su versión de que había devuelto el dinero.

Sin embargo, una comunicación citada por El Colombiano describe esa suma como una garantía de pago mientras se resuelve una controversia.

Por ahora, no está establecido públicamente que la totalidad de la obligación reclamada haya quedado cancelada.

Aunque ambas situaciones han sido abordadas dentro del debate político sobre la antigua administración, las acusaciones sobre contratación pública y la disputa económica deben analizarse por separado.

¿Qué falta por esclarecer?

Las investigaciones deberán establecer si los contratos de Deicy Jiménez cumplieron los requisitos legales, quiénes intervinieron en su aprobación y si existieron presiones o decisiones indebidas.

También será importante conocer los resultados de la revisión documental ordenada por la Corte Suprema y las actuaciones que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría.

Por el momento, se ha documentado la existencia de diez contratos, se conocen denuncias de Jiménez y existe una respuesta pública de Gustavo Petro rechazando los señalamientos.

Lo que todavía no está demostrado es que esos contratos hayan sido otorgados a cambio de favores sexuales.

El caso continúa bajo examen de las autoridades y su esclarecimiento dependerá de las pruebas y decisiones que se adopten dentro de los procedimientos correspondientes.

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