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Carlos Oyola, funcionario de la DNI capturado en Neiva, recibió más de $213 millones del Fondo Colombia en Paz

10 de noviembre de 2026
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Una investigación de El Colombiano reveló los detalles del contrato que tuvo Carlos Andrés Oyola Tovar con el Fondo Colombia en Paz antes de ingresar a la Dirección Nacional de Inteligencia. Los documentos plantean interrogantes sobre los requisitos de experiencia profesional y los títulos académicos presentados por el contratista.

La captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas de 36 años y funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), continúa generando interrogantes sobre su trayectoria en diferentes entidades del Estado colombiano.

Una investigación publicada por El Colombiano el 10 de noviembre de 2026 reveló que Oyola recibió más de 213 millones de pesos mediante un contrato de prestación de servicios con el Fondo Colombia en Paz, destinado a apoyar la gestión de información y seguridad informática del programa de sustitución de cultivos ilícitos.

El funcionario fue capturado el pasado 6 de noviembre en Neiva, Huila, durante un procedimiento adelantado por el Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

La investigación penal está relacionada principalmente con la presunta manipulación de registros académicos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), mediante la cual habría obtenido títulos utilizados posteriormente en procesos de contratación pública.

Un contrato con honorarios superiores a $16 millones mensuales

De acuerdo con los documentos revisados por El Colombiano, Oyola firmó el contrato de prestación de servicios número 41 de 2023 el 11 de enero de ese año.

La vinculación fue gestionada para apoyar a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, dependencia encargada de asuntos relacionados con el programa de sustitución de cultivos.

El contrato contemplaba honorarios mensuales de $16.029.523, con una duración inicial de doce meses y un valor de $192.354.276.

Entre las funciones asignadas se encontraban el acompañamiento en la gestión de sistemas de información, el fortalecimiento de herramientas tecnológicas y la implementación de buenas prácticas de seguridad informática.

Los recursos procedían del Fondo Colombia en Paz, patrimonio autónomo creado para apoyar financieramente la implementación del Acuerdo de Paz.

El contrato fue ampliado hasta superar los $384 millones

Aunque inicialmente se había pactado por un año, la contratación fue prorrogada en enero de 2024.

La modificación permitió extender su vigencia hasta enero de 2025 y adicionó otros $192.354.276.

Con esta decisión, el valor contractual acumulado ascendió a $384.708.552.

Sin embargo, Oyola solicitó la terminación anticipada el 20 de febrero de 2024, alegando motivos personales que le impedían continuar prestando sus servicios.

Esta decisión coincidió temporalmente con su incorporación a la Dirección Nacional de Inteligencia.

El cierre financiero del contrato, fechado el 19 de abril de 2024, registró catorce pagos efectuados por Fiduprevisora, entre febrero de 2023 y marzo de 2024.

En total, el contratista recibió $213.726.973,67 por los servicios prestados durante aproximadamente trece meses y diez días.

Es importante diferenciar el valor total que llegó a tener el contrato de la cantidad efectivamente pagada, pues la prórroga no se ejecutó completamente.

Surgen dudas sobre los requisitos académicos y profesionales

Uno de los aspectos señalados por la investigación periodística corresponde a las condiciones exigidas para desempeñar el cargo.

El perfil contractual contemplaba dos alternativas: contar con título profesional, maestría y treinta meses de experiencia, o acreditar título profesional, especialización y cincuenta y cuatro meses de experiencia.

Según los documentos examinados, Oyola obtuvo su título de ingeniero de sistemas en octubre de 2021 y recibió la matrícula profesional en noviembre de ese año.

El Colombiano identificó posibles inconsistencias al comparar las fechas de formación académica con los requisitos establecidos para la contratación.

El caso adquiere mayor relevancia porque la Fiscalía investiga si el funcionario alteró registros académicos para obtener una especialización en Gestión Pública y avanzar en una maestría relacionada con Gobierno y Políticas Públicas.

La investigación judicial deberá determinar si existieron modificaciones ilegales, cómo se habrían realizado y qué consecuencias tuvieron en la obtención de los títulos.

La revisión periodística de los documentos no equivale a una decisión administrativa o judicial que declare inválido el contrato.

Exdirector de Sustitución de Cultivos defendió el trabajo realizado

Felipe Tascón Recio, quien dirigía la dependencia que solicitó la contratación, explicó a El Colombiano las razones por las que se requirió apoyo especializado en sistemas de información.

Según su versión, el programa de sustitución de cultivos presentaba dificultades en la organización de los registros y el seguimiento de sus compromisos con los beneficiarios.

Tascón aseguró que Oyola contribuyó a organizar información y desarrollar herramientas para monitorear la ejecución del programa.

También indicó que la verificación formal de los requisitos profesionales correspondía al Fondo Colombia en Paz, dadas las características de su régimen de contratación.

El exfuncionario manifestó que no recordaba los detalles específicos de la revisión de los documentos académicos.

Por su parte, los informes de supervisión del contrato registraban cumplimiento satisfactorio de las obligaciones pactadas, aunque El Colombiano señaló similitudes importantes entre los documentos mensuales.

Estas circunstancias plantean preguntas sobre los mecanismos de evaluación y seguimiento utilizados durante la contratación.

De contratista público a funcionario de inteligencia

Antes de incorporarse a la DNI en febrero de 2024, Carlos Oyola había estado vinculado con otras instituciones públicas.

Según información revisada por la revista Cambio, trabajó en una unidad de trabajo legislativo del Senado y posteriormente tuvo contratos con la Contraloría General de la República.

En la Dirección Nacional de Inteligencia desempeñó funciones relacionadas con sistemas tecnológicos y gestión de información.

Su trayectoria cobró notoriedad después de conocerse documentos internos que lo señalan de supuestamente participar en actividades informáticas irregulares.

Entre estos señalamientos aparecen presuntos accesos no autorizados a sistemas estatales y una posible participación en actividades dirigidas contra la infraestructura tecnológica de la Registraduría Nacional.

No obstante, es fundamental aclarar que las acusaciones relacionadas con una supuesta intervención electoral no cuentan, según la información pública conocida hasta el 10 de noviembre, con una imputación penal específica contra Oyola.

La captura se encuentra relacionada con la investigación por presuntas irregularidades informáticas y académicas en la UNAD, no con una condena por sabotaje electoral.

La Fiscalía investiga presunta alteración de notas universitarias

El expediente judicial examina presuntos cambios no autorizados en registros académicos que habrían permitido modificar calificaciones y acreditar estudios.

La Fiscalía atribuye al investigado posibles delitos relacionados con el acceso abusivo a sistemas informáticos, falsedad documental, fraude procesal y concierto para delinquir.

La defensa de Oyola no aceptó los cargos durante las actuaciones judiciales reportadas.

Por lo tanto, corresponde a las autoridades evaluar las pruebas y determinar si existe responsabilidad penal.

El funcionario conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras no se produzca una decisión judicial en firme.

El caso abre interrogantes sobre los controles de contratación

La documentación conocida sobre el Fondo Colombia en Paz plantea preguntas acerca de los procedimientos utilizados para verificar títulos, experiencia profesional y obligaciones contractuales.

Entre los asuntos que podrían requerir aclaraciones se encuentran la acreditación de requisitos, la revisión de los soportes académicos y las condiciones bajo las cuales se autorizó la prórroga de enero de 2024.

También resulta relevante establecer qué mecanismos se utilizaron para evaluar el cumplimiento de las labores y aprobar los pagos.

La existencia de un contrato de cuantía elevada no demuestra por sí misma una irregularidad, pero la presencia de dudas documentales justifica examinar los procedimientos administrativos.

Mientras avanza la investigación penal contra Carlos Oyola, las autoridades deberán esclarecer tanto las conductas informáticas denunciadas como las posibles consecuencias que estas pudieron tener en sus vinculaciones con entidades estatales.

El caso mantiene la atención pública sobre la seguridad de los sistemas de información, la verificación de credenciales académicas y los controles aplicados a la contratación con recursos públicos.

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